Dirigente Nacional del Movimiento Antorchista
Como he comentado en ocasiones anteriores, la reclusión de la profesora Cristina Rosas Illescas, líder antorchista de Querétaro, por casi tres años en el penal de San José El Alto, en la capital de aquél Estado, fue un verdadero infierno. Y no sólo porque toda prisión, toda pérdida de la libertad lo es para cualquiera, aunque se trate de un criminal empedernido, sino también por el permanente clima de hostilidad y agresiones que tuvo que soportar por órdenes del gobernador Garrido Patrón. Las autoridades del penal, encabezadas por la directora del mismo, jamás le ahorraron torturas psicológicas verdaderamente diabólicas, represión, amenazas, castigos injustos y agresiones físicas directas, acompañadas de amenazas contra su vida, por cualquier motivo y aun sin motivo alguno.
Quiero traer otra vez a la memoria, como una prueba elemental de lo que digo, lo que ocurrió el día que Cristina tuvo la “osadía” de hacer declaraciones por teléfono a un programa radiofónico, para denunciar las injusticias que se cometían (y que se siguen cometiendo, por supuesto) en contra de ella y de todas las internas que no se someten por entero a los caprichos y arbitrariedades del personal que controla la cárcel: de inmediato, la directora ordenó una drástica limitación del horario para hacer llamadas telefónicas dejándolo reducido a su mínima expresión, implantó un severo control en el contenido y la duración de dichas llamadas, al mismo tiempo que hacía saber a las reclusas que todo era culpa de Cristina por el “mal uso” que había hecho de ese servicio. El propósito de tales medidas era más que evidente: concitar el odio de las afectadas hacia la responsable del castigo y provocar, en última instancia, una agresión colectiva en su contra que no excluía, desde luego, el asesinato por linchamiento. A propósito de esto añado que el mismo día (casi minutos después) que Cristina abandonó la prisión, la misma directora convocó a toda prisa a las internas para informarles que quedaban canceladas todas las restricciones impuestas a las llamadas telefónicas y, al mismo tiempo, que les quedaba “estrictamente prohibido” volver a mencionar, siquiera, el nombre de Cristina, so pena de severas sanciones. Por todo ello, y por muchas cosas más, los antorchistas del país siempre temimos no sólo por la integridad física de nuestra compañera, sino también, y de manera relevante, por su vida misma, durante todo el tiempo que duró su injusta reclusión.
Y nuestros temores no se fundaban sólo en la nunca disimulada hostilidad del gobernador del Estado y de su Secretario de Gobierno, Alfredo Botello Montes, en su contra, sino en algo más que quiero resaltar en mi colaboración de hoy. Me refiero a la preocupante frecuencia con que los mexicanos nos enteramos, a través de los medios informativos, de la muerte de uno, varios, e incluso “muchos” reos dentro de la cárcel donde purgan su condena o aguardan su sentencia. Los “motivos” o las “explicaciones” que dan las autoridades responsables (políticas, policíacas y carcelarias) en cada caso, son variados y van desde las “riñas colectivas”, los amotinamientos, la venganza personal entre reos y, claro, el “suicidio” del presunto delincuente. Y con asombro nos damos cuenta de que, después de dar dichas “explicaciones”, las autoridades se quedan tan frescas como una lechuga y más firmes que nunca en sus cargos, porque dan por hecho que con tales explicaciones han cumplido plenamente con su deber y han quedado, por tanto, exentos de toda culpa y libres de toda responsabilidad. De semejante situación o modo de ver las cosas, que nadie puede negar, viene a resultar que el lugar más seguro para eliminar a un crítico del sistema o a un enemigo de tal o cual gobernante poderoso, son las cárceles mexicanas, ya que allí existen todos los medios y todas las coartadas para echar la culpa propia sobre espaldas ajenas, prácticamente sin ningún riesgo de ser descubierto.
Me parece, por eso, urgente, poner los puntos sobre las íes. Cuando el Estado priva de su libertad a un ciudadano, culpable o no, por ese solo hecho se convierte en absolutamente responsable de su integridad física y de su vida. Es él, y nadie más, el directamente obligado a garantizar que el detenido será respetado en sus derechos básicos, esté donde esté y se mueva para donde se mueva, mientras permanezca bajo su jurisdicción, y de que no sufrirá menoscabo en ellos salvo los previstos por la ley aplicable al caso. Por tanto, independientemente del motivo o causa inmediata del deceso de un reo, su muerte será siempre responsabilidad de quien lo tenía bajo su tutela. El Estado no puede lavarse las manos en ningún caso de éstos, por la sencilla razón de que es él quien tiene los recursos y está facultado (y aun obligado) para prevenir cualquier incidente que ponga en riesgo la vida de quien se halla, por ministerio de ley, completamente en sus manos. Si no lo hace así, sean cuales sean las circunstancias particulares de un caso específico, será culpable de lenidad, o, en el peor de los casos, de contubernio con los asesinos. Toda muerte de un reo en la cárcel es un crimen de Estado y éste debe responder por ello.
Urge acabar con la impunidad oficial en las cárceles; es necesario que las prisiones dejen de ser tierra sin ley y que allí, como en cualquier parte, aun el más torvo de los criminales reciba garantías para la conservación de su vida. Basta ya de aplicar clandestinamente la pena de muerte a los criminales “más peligrosos” (¿peligrosos para quién?) o repugnantes, como todo indica que acaba de suceder con el famoso “caníbal de la Guerrero”, porque eso abre la puerta para que se haga lo mismo con los “enemigos del sistema”, es decir, con quienes piden más justicia social en el país. ¡Exijamos a gobierno, jueces y carceleros, que en sus dominios, como en cualquier otro lugar, se aplique la ley y nada más que la ley!
