Por Alejandro Mondragón
Se cumplieron 100 días del gobierno de Antonio Gali Fayad con una herencia huachicolera del sexenio pasado que lo llevarán tarde o temprano a deslindarse.
Empezó su gestión con un estilo de apertura y comunicación con todos los sectores, en particular críticos y opositores al morenovallismo.
Mandó a sus casas -a cumplir sentencias- a Simitrio y Francisco Castillo Montemayor; acordó reducir la carga fiscal del Impuesto sobre Nómina a las empresas; sacó las fobias de su política de comunicación; y se bajó del helicóptero para estrechar manos y ensuciar zapatos.
Su relación con la Federación resultó insuperable ante la empatía que obtuvo con el propio presidente Enrique Peña Nieto, quien abrió la cartera presupuestal para garantizar flujos de recursos a Puebla. Definió un estilo de gobierno, muy alejado del autoritarismo y la persecución.
Con el Ejército y la Marina, de inmediato obtuvo respaldos que hoy se los quieren tirar.
Los dolores de cabeza comenzaron con la lamentable actuación de la Fiscalía de Puebla en temas como los huachicoleros, femenicidios y el desastre de las agencias para recibir denuncias.
Junto a la inseguridad galopante y la herencia de omisiones y complicidades en el Triángulo Rojo, donde florece la industria del robo de gasolina, exenta del pago de impuestos.
¿Desmantelará la red de colusión en la zona, aunque salpique la candidatura del presidenciable?
Me parece que esta decisión corresponde más a Peña Nieto, principal alcahuete del actuar morenovallista en cinco años, pero el gobernador es orillado por las circunstancias a definir si jala con el proyecto de militarización de la zona u opta por nadar en el vaivén político del 2018.
Mientras Moreno Valle responsabilizó al gobierno de Peña Nieto del crecimiento del huachicol, Gali fortalece acciones con Federación y Ejército para desmantelar las bandas.
El gobernador poco resultado obtendrá mientras mantenga en la acción contra la herencia maldita del huachicol, a quienes toleraron el negocio durante el morenovallismo. Está claro que si cae El Toñín, caerán algunos morenovallistas.
Ahí está los nombres: el fiscal Víctor Carrancá; el secretario de Gobierno, Diódoro Carrasco; y el secretario de Seguridad, Jesús Morales. Los tres que nada hicieron en sus posiciones, durante el sexenio anterior.
Romper las alianzas regionales del morenovallismo en Palmar de Bravo, Acajete, Quecholac, Tepeaca, Amozoc y Tecamachalco, ediles con tufo huachicol.
No basta con sacar de los pueblos a los huachicoleros, se requiere meter a la cárcel a los políticos, funcionarios, empresarios y líderes regionales del sexenio pasado que se beneficiaron de la industria huachicol.
Un buen principio sería dar a conocer la lista de nuevos notarios en la zona y a quienes se beneficiaron con permisos para apertura de gasolineras.
Seguir la ruta del dinero y poner un alto a tanta pendejada de Javier Lozano Alarcón. #NoEsDeDios
Gali, a diferencia de Moreno Valle, se quedará a vivir en Puebla.
