Por Valentín Varillas
Sí, desde el punto de vista de la retórica oficial y del deber que tienen nuestras autoridades de combatir frontalmente cualquier ilícito que dañe el tejido social, los discursos que hemos escuchado en alusión al tema del huachicol son impecables.
Aunque en los hechos no resistan el menor análisis.
Aunque las promesas, acciones a tomar y demás compromisos no vayan a servir realmente para inhibir el robo y venta del combustible de Pemex.
La razones de lo anterior son muchas y diversas, aunque de pesos específicos distintos al momento de entender la cruda y peligrosa realidad que se vive en territorio poblano a partir de este ilícito.
La primera y más importante: la complicidad.
Estamos ante un delito que, por décadas, ha sido tolerado y fomentado desde las más altas esferas de la política, el servicio público y las corporaciones de seguridad de los diferentes niveles de gobierno, civiles y castrenses.
Es la auténtica “gallina de los huevos de oro”, la que ha dado, da y seguirá dando ganancias millonarias que alcanzan para comprarlo todo y a todos.
Hoy, el huachicol ha permeado de tal manera en el ámbito público y privado, que es imposible ya pararlo.
Su nacimiento y posterior bonanza tienen una espantosa similitud con la forma en la cual se estableció el narco y en cómo infectó a prácticamente todas las esferas de nuestra vida como país.
La defensa ciudadana de quienes se dedican directa o indirectamente a esta actividad es comprensible.
Miembros de familias enteras se han beneficiado de este ilícito -cuyas ganancias se quedan en sus comunidades- al permitirles acceder a un nivel de ingresos que jamás alcanzarían de dedicarse a cualquier otra actividad legal.
Se habla de que, en el escalafón más bajo de la estructura del huachicol, se ofrecen 500 pesos diarios por vender el combustible robado casa por casa.
Sueldos impagables en la economía formal.
Por eso, pueblos enteros se juegan la vida y enfrentan sin temor a las fuerzas armadas en aras de defender el único medio que conocen para acceder a una vida digna.
En este contexto, el costo social de combatir el robo y venta de combustible se ha vuelto impagable para cualquier gobierno, al grado de que resulta hoy mucho más alto que hacerse de la vista gorda y seguirlos tolerando.
Imposible imaginar una acción frontal del ejército con cientos de potenciales bajas civiles.
Eso, simplemente, no va a pasar.
Al igual que con el narco, la lógica de operación del huachicol se ha vuelto ya multi-sectorial.
Distintas ramas de la industria, diferentes sectores del comercio, consumen el combustible robado como medida de disminución inmediata de costos y exponencial aumento de ganancias.
Ha pasado lo mismo con profesionales de la abogacía y la contaduría, quienes a través de sus despachos y firmas han diseñado complejas estructuras de blanqueo y redistribución de los recursos ilícitos obtenidos a través de este delito.
Cobran millones por sus servicios.
En este complicado contexto, ¿cree usted que las autoridades puedan combatir con éxito el huachicol?
Yo tampoco, pero jamás lo aceptarán públicamente.
Simplemente, no pueden ni deben hacerlo.
