Por Shanik David
Si bien el tema de la transparencia ha sido una de las asignaturas pendientes durante el actual sexenio, la aplicación de medidas sistemáticas para el bloqueo de acceso a la información pública sumado al control que ejerce el gobernador Rafael Moreno Valle sobre los medios de comunicación podrían tener un costo sobre su proyecto presidencial.
“Si el gobernador quiere presentarse como un hombre moderno ante el país, que es un político que puede construir una visión colectiva atractiva, tiene que demostrar antes que es un republicano y un demócrata que cree en el derecho a al información en todas sus expresiones”, sentenció Jorge Fernando Negrete Pacheco, presidente nacional de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi).
Refirió que el caso de Puebla es “paradigmático” a nivel nacional por cuestiones como los obstáculos para acceder a la información, la sumisión del órgano garante de transparencia y el control que ejerce directamente la administración estatal sobre la prensa, lo cual se hace más visible a nivel nacional por las aspiraciones presidenciales del mandatario poblano.
El especialista refirió que con miras a su proyecto rumbo a la elección de 2018, Moreno Valle debe considerar que las acciones implementadas en su sexenio en cuanto a la opacidad con la que se maneja el ejercicio del recurso no le beneficiarán; “el debe ser el primero en someterse al escrutinio e imperio de la ley”, expresó.
Si bien dijo que no se puede negar que durante el sexenio se han hecho obras públicas importantes en el estado “nada justifica que el dinero público no se transparente”.
“La información genera democracia e institucionalidad, y si no lo demuestra y sigue controlando a los medios y sigue siendo opaco en el ejercicio del presupuesto entonces no es un hombre que pueda ser confiable, ya que su capacidad de visión e imaginar no está acompañada de actos republicanos”, reflexionó Negrete Pacheco.
Como parte de la estrategia administrativa implementada durante el actual sexenio para ocultar los recursos públicos se encuentra la firma de Proyectos para la Prestación de Servicios y la creación de fideicomisos, los cuales, hasta ahora, no tienen la obligación de ser transparentados.
Sin embargo, el presidente de la Amedi recordó que con los nuevos marcos legales que hay a nivel federal todos los recursos públicos tienen que ser auditados por lo que los argumentos históricos para reservar los PPS y fideicomisos quedan desechados.
