Se entrampa cada día más el conflicto en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (OFS) pues la Procuraduría General de Justicia (PGJ) reveló que la documentación mostrada por Víctor Manuel Hernández Quintana, para desechar la teoría del robo, fue elaborada el sábado 15 de octubre en las oficinas del propio organismo.
En un comunicado la dependencia refiere que “respetando el sigilo de la investigación la PGJ descarta la existencia de contratos de arrendamiento, comodato y acuerdo de traslado de documentación oficial a inmuebles que formen parte del organismo.
Hasta el día 14 de octubre de 2011, en los antecedentes oficiales del OFS, se advierte que los únicos inmuebles en donde se ubican los archivos oficiales del organismo se sitúan en la calle 5 sur 1105 colonia centro y en la 21 A sur 2723 colonia Volcanes y, el único antecedente de 2009 a la fecha que se tiene en relación a comodatos, es el de un inmueble ubicado en la zona del Batán, mismo que ya fue devuelto al Gobierno del Estado.
El acuerdo de traslado de documentación recientemente publicado en algunos medios, no se encontró en los archivos del OFS previo a la detención de los servidores públicos, lo que es una muestra más de la ilicitud en el manejo de la documentación oficial. La documentación que muestra Víctor Manuel Hernández Quintana fue elaborada el sábado 15 de octubre del 2011 en el equipo de cómputo de las oficinas del propio organismo, como en su oportunidad se dará a conocer.
Los documentos mostrados ante medios rompen con protocolos y lineamientos que se deben seguir para la sustracción, utilización, destrucción, manejo, traslado de expedientes, documentación, información, registros que estén bajo resguardo del OFS o a los que tengan acceso los servidores públicos del órgano fiscalizador.
No obstante lo anterior, se exhorta a Víctor Manuel Hernández Quintana a que personalmente o a través de su representante legal, exhiba la documentación que considere oportuna”, refiere el boletín.
Por separado, tras poner en duda la autenticidad de la documentación que Hernández Quintana publicó como prueba de que las bodegas que resguardan más de cuatro mil cajas con expedientes, algunos relacionados a las cuentas del ex mandatario Mario Marín, son propiedad del órgano fiscalizador, el presidente de la Gran Comisión del Congreso, Guillermo Aréchiga Santamaría, y el presidente de la Comisión Inspectora, Mario Riestra Piña, coincidieron en rechazar haya un revés para el Poder Legislativo pues en las diligencias que se realizan en el organismo, no se encontraron los contratos ni la notificación para el traslado de papeles.
“Si el señor está exento de responsabilidad que bueno, pero si tiene responsabilidad tendrá que asumir las consecuencias, el Congreso esta acreditando con absoluta claridad que estamos actuando con estricto apego a la ley, lo demás son escenarios que no se han concretado”.
Más tarde el coordinador de la bancada panista, Mario Riestra, censuró que el auditor general haya presentado una justificación a través de los medios de comunicación, y no a través de los diputados que se lo han solicitado de manera formal hasta en tres ocasiones, ni a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) que también realiza su propia investigación.
“Lamentamos que el Contador Público, Víctor Manuel Hernández Quintana, utilice la mediatización de su defensa cuando existen los canales jurídicos y le reiteramos el llamado para que dé la cara y se separe del encargo a la brevedad”, dijo.
Por otra parte también informó que la Comisión Inspectora oficializó el nombramiento del auditor especial Antonio Taja Tame como encargado de despacho, amén de destacar que:
1.-En el acta de entrega-recepción de marzo de 2011 entre el director administrativo entrante y saliente, solo existe un inmueble arrendado en la colonia Volcanes y no hay referencia sobre los inmuebles asegurados.
2.-Dentro de la relación de inmuebles derivada del sistema de contabilidad denominado “Microsip” se registra únicamente el inmueble principal del Órgano de Fiscalización Superior y no los inmuebles presuntamente clandestinos.
3.-No hay acuerdo formal que autorice el traslado de documentación durante las fechas investigadas.
4.-De 2008 a 2011 no existe registro, antecedente o documento sobre el comodato mencionado este jueves en las notas periodísticas.
5. Se tiene el registro histórico de todos los acuerdos u oficios de transferencia de documentación y en ninguno aparecen las bodegas denunciadas.
6.-Los protocolos de seguridad certificados en los manuales de procedimientos del Órgano de Fiscalización Superior no se han respetado como queda de manifiesto.
7.-El ciudadano Valentín Meneses afirmó haber tenido conocimiento de la existencia de estas bodegas, por lo que le hacen la invitación para que se presente con las autoridades correspondientes y coadyuve al esclarecimiento de estos hechos.
