“Los cristianos aseguran que se van a ir de la comunidad. Nos piden que les demos unos días para que se vayan del pueblo, y vamos a dárselos como buenos cristianos de Tlanalapan. ¡Vayan a sus casas y que pasen buena noche, pero estén pendientes cuando los necesitemos, no nos vayan a dejar solos (…)¡ Y no es que no queramos comunicarle esto al padre, pero hay que esperar para que esto no vuelva a suceder. Les paso a la señora Irma”, dijo por el altavoz el edil subalterno de San Rafael Tlanalapan, Antonio García Ovalle, minutos después de que estuviera a punto de ser linchado el pastor Josué Ovando Jiménez por querer construir el templo “Roca Fuerte de la Iglesia Cristiana Aposento Alto” a media calle de la iglesia de “San Isidro Labrador”.
El pasado siete de septiembre sonaron las campanas de la iglesia, y más de 300 católicos se congregaron afuera de la plaza principal de esta junta auxiliar perteneciente a San Martín Texmelucan, para sacar del pueblo con palos y piedras al pastor y a los 90 vecinos que decidieron cambiar de credo.
El primer antecedente de este conflicto religiosos se remonta a 2006, cuando llegó al poblado Josué Ovando, a quien los católicos le negaron el servicio de agua potable. Después de cinco años que el grupo de evangélicos creció, decidieron construir un templo, situación que enardeció al sacerdote, Ascensión Benítez González, quien en sus homilías dominicales predicó en varias ocasiones la expulsión de “los infieles”, como aseguran los católicos de Tlanalapan.
“No nos pareció que hayan llamado a Gobernación, ni a los reporteros porque ya ven lo que pasó con el padre (…) Si saben de más personas que nos estén haciendo ruido, ¡señores hay que denunciarlos¡ porque este pueblo es pueblo de católicos. A nivel nacional somos reconocidos por no tener templos, ni alabanzas. Ellos traen gente de otros lados y no sabemos qué mañas traigan, ni con que intenciones vienen (…) Si cristianos no se van, tenemos que actuar, y ya sabemos cómo.
Ellos dicen que tienen permiso de Gobernación y que nosotros no podemos infringir la Ley. ¡Yo se que sí, yo se que sí¡, porque este pueblo unido jamás será vencido. Nos han venido viendo la cara de tontitos y no somos, hay que hacer respetar nuestra Ley. A los señores de Gobernación les pido de por favor que se acuerdan de cuando el señor Apolonio cuando se juntó todo el pueblo, cuando los petroleros, cuando lo del agua, cuando tantas y tantas cosas nos han pasado. No quiero, ni quisiera ver a mi pueblo unido. ¿Por qué?, porque no entienden razones y a los evangélicos mejor les conviene irse, es mucho mejor para que no tengan problemas”, alardeaba Irma Pérez García mientras el pueblo aplaudía con verdadero fervor religioso.
Veintiún días tuvieron que pasar para que los cristianos dejaran de esconderse, de brincan de casa en casa cada tercer día en espera de que el gobierno del estado les garantizara las condiciones de seguridad para salir a las calles y no ser expulsados del pueblo. El pasado 28 de septiembre los cristianos y católicos firmaron en la Secretaría General de Gobierno (SGG) un acuerdo de respeto a las creencias religiosa.
Sin embargo los cristianos tuvieron que aceptar reubicar de lugar su templo, alejado de la iglesia católica para que estos creyentes no se sientan ofendidos con la cercanía de quienes creen que Jesucristo fue un hombre extraordinario y no un Dios.
Un nuevo Canoa
El 16 de septiembre de 1968, el párroco de San Miguel Canoa, junta auxiliar de la capital poblana, incitó el linchamiento de cinco trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla por considerarlos comunistas. Este hecho quedó en la historia y fue llevado a la pantalla grande en 1975 por Felipe Cazals.
Este hecho podría repetirse debido a que en el acuerdo firmado en la SGG no se especificó qué pasará con el sacerdote Ascensión Benítez González y con edil subalterno Antonio García Ovalle, principales incitadores del desalojo de los cristianos de San Rafael Tlanalapa. Tampoco se habló sobre los avances de la investigación que inició la Procuraduría General de Justicia (PGJ) por amenazas de muerte en contra del pastor Josué Ovando Jiménez.
En el caso concreto del sacerdote, se conoce que oficiará misa el próximo 24 de Octubre que se celebra la fiesta patronal en honor a San Rafael Arcángel, momento en que los ánimos de los pobladores podrían calentarse nuevamente según algunos vecinos de esa población.
Al respecto la Arquidiócesis de Puebla negó que el sacerdote Ascensión Benítez González haya incitado a la violencia a sus feligreses, por lo que no hay motivo de remoción de parroquia, y que en tanto se resuelve el conflicto el dirigente católico tiene la instrucción de no habitar en San Rafael Tlanalapan.
José Ovando Coeto, hijo del pastor cristiano platicó con Status, aseguró que el gobierno estatal y la iglesia católica “se apiadarán” cuando vean un muerto; y añadió que además de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, acudirán a instancias internacionales para solicitar asilo.
“Todo lo que ha sucedido como que no lo toman en serio. No saben de la gravedad del asunto o las autoridades no están tomando en cuenta la situación o lo toman a la liguera. Mientras estamos con temor de hacer una vida cotidiana. Las patrullas estuvieron unos días pero después se fueron”, dijo antes de firmar el acuerdo en la SGG.
Fanatismo religioso
El secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla, reconoció que las autoridades no pueden frenar el actuar de la gente en cuanto a fervor religioso se refiere, por lo que la junta será vigilada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
“Hay un par de rijosos, de intolerantes que pretenden seguir escalando el conflicto. En el momento que transgredan la Ley la deberán enfrentar, no dejaremos que unas cuantas personas puedan impactar de manera negativa a la mayoría. La situación difícil, hay mucha intolerancia (…) No podemos controlar el actuar de la gente, lo que si podemos es que con las gentes que sabemos dieron las amenazas, la PGJ ya los notificó y están citados.
Como son temas de fervor religioso se debe tener seguridad y garantizar que si alguien se le ocurriera una cosa pudiéramos pararlos de inmediato. Si es un delito azuzar a la gente a la violencia, se tiene que documentar, tener testigos y eso es lo que hace la PGJ mediante la investigación. Si hablamos de una conducta delictiva”, dijo en entrevista tras el incidente.
Según fuentes la PGJ mandó a declarar a mujeres entre las que se encuentran Irma Pérez García, Trinidad Guzmán García, Leonila Perea Benítez, Eloísa Lázaro Menero, Patricia Alemán, Teresa Cruz y Rocío Menero.
Hoy los cristianos de Tlanalapan regresaron a sus trabajos, salieron a las escuelas y a las tiendas, pero no se acercan a la plaza principal, ni si quiera pasan en la acera de enfrente de lo que era su templo, pues a unos pasos está la iglesia de San Isidro Labrador, y cada que suenan las campanas del santo patrono de los agricultores, tiemblan y temen que el pueblo se junte para quemarlos…
