Mientras no se cite a declarar a algún ex funcionario, la investigación de la PGR y la DEA por presunto lavado de dinero en la pasada administración estatal no es más que un asunto mediático.
A pesar de ello, los marinistas ni temen ni se esconden afirmó el diputado federal y dirigente estatal del PRI, Juan Carlos Lastiri, quien por cierto también fungió como último Secretario de Desarrollo social de la anterior gestión.
“Yo creo que no se deben mezclar hechos ciertos, como el del ex presidente municipal de Izúcar de Matamoros, con hechos que no están probados. Consideró que la aseveración (sobre lavado de dinero) no es más que una nota mediática”, sentenció.
En tanto que a la Comisión Inspectora del Congreso del Estado le interesa conocer a fondo la versión de presunto lavado de dinero en la gestión marinista y del depósito de fondos públicos a cuentas personales del ex edil de Izúcar de Matamoros, Rubén Gil Campos, preso en el vecino país del norte por narcotráfico, por lo que la investigación iniciará una vez que el Órgano de Fiscalización Superior presente de manera oficial el informe de entrega-recepción; dijo el diputado presidente de dicha comisión, Mario Riestra Piña. Por separado el diputado priista, Víctor Hugo Islas Hernández, demandó reabrir la revisión de 21 cuentas públicas de igual número de presidentes municipales así como de la Secretaría de Salud, encabezada por Alfredo Arango en el sexenio marinista, por la inexplicable premura con la que se comprobaron infinidad de irregularidades financieras.
Tras sostener que impera la opacidad y la parcialidad en el Órgano de Fiscalización Superior, el legislador opinó ya hay una pauta para destapar la cloaca marinista, lo que incluye la complicidad de algunos ex diputados.
“Espero que se actúe y que mis compañeros de den cuenta que no actúo por revanchismo político, simplemente es no permitir que se sigan burlando de los poblanos como cada tres o seis años. Mario Marín falló, no cumplió, tuvo muchas irregularidades y por lo tanto él y todos sus colaboradores tienen que pagar”.
Desde la tribuna legislativa Islas Hernández hizo un llamado, por segunda ocasión, para que el Poder Legislativo aplique un castigo ejemplar a Marín Torres.
Sobre el particular la diputada federal panista, Augusta Díaz de Rivera, celebró que la polémica por corrupción en la administración marinista haya pasado de lo mediático a lo jurídico, pues el tema ya está en manos de la Procuraduría General de la República, “ahora solo falta esperar que se llegue las próximas consecuencias sin importar quien caiga”, dijo.
