El Congreso del Estado de Puebla inició el segundo periodo ordinario de sesiones con el proceso de destitución al edil de Tlatlauquitepec emanado del partido Convergencia, Porfirio Loaeza Aguilar, por inconsistencias en su primera cuenta pública cuando fungió como alcalde en el periodo 2005-2008 y que derivó en daño patrimonial por 26 millones de pesos y una inhabilitación por 11 años para ocupar cargos públicos.
Además enfrenta otros procesos, uno por 44 millones de pesos de su tercer año; y otro por 15 millones más por los últimos 45 días de gestión en 2008.
Al respecto el dirigente y también diputado local de Convergencia, José Juan Espinosa Torres, advirtió que no meterá las manos ni protegerá a su militante, una vez que la justicia federal le negó el amparo y se le comprobaron las anomalías.
“Le apostábamos a la vía jurídica para dar marcha atrás a la inhabilitación pues era la última posibilidad de lograr mantener al presidente municipal pero el fallo fue en su contra, y él tendrá que asumir las consecuencias. Convergencia en ningún momento va a meter las manos cuando ya se agotaron todas las instancias”, dijo.
Argumentó que la Coalición “Compromiso por Puebla” postuló al convergente porque desconocía el proceso en su contra, ya que la anterior legislatura sancionó al todavía presidente municipal el 29 de julio, es decir, 25 días después de la jornada electoral del 4 de julio del 2010.
Cabe señalar que la solicitud de destitución fue presentada por los partidos Verde Ecologista de México, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional.
A buen ritmo
También este miércoles se aprobó por unanimidad la Ley de Adopción que promovió el Gobernador y la presidenta del DIF, Martha Erika Alonso, la cual una vez publicada en el Periódico Oficial, reducirá de cinco años a seis meses el proceso para responsabilizarse de un menor.
Con ello se permitirá a las personas solteras adoptar siempre que tengan 25 años cumplidos y más de 17 años de diferencia al menor que se pretendan adoptar.
Los legisladores aprobaron también legalizar la viabilidad de la firma electrónica en contratos y la notificación electrónica en un proceso judicial.
En cuanto a la flexibilización para la aplicación del Plebiscito y el Referéndum, también una propuesta del Ejecutivo, esta se turnó a comisiones para ser analizada toda vez que el Revolucionario Institucional y el Partido Convergencia presentaron propuestas similares que requieren del consenso.
En otros temas, también se presentó la iniciativa para reformar el Código de Defensa Social para que se tipifiquen los crímenes de odio, una petición que le hicieron representantes de la diversidad sexual.
Por la libre
La bancada priista inició el periodo ordinario a su propio ritmo pues presentó cinco iniciativas: Ley de Participación Ciudadana, que incluye la figura de iniciativa popular “más allá de la que presentó el gobernador”; Firma Electrónica Avanzada; Ley de Vialidad; Ley de Deuda Pública y una nueva Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales, adelantándose así al acuerdo pactado para que se presentara de manera conjunta con el resto de bancadas, lo que provocó la molestia y la crítica de la legisladora Josefina Buxadé.
Sobre el particular el PRI propone como sujetos obligados a partidos políticos consejos, patronatos y todo organismo público o privado que reciba recursos públicos pero no así a los sindicatos por ser esta una facultad de la federación.
También sugiere la reducción de 30 a 15 días hábiles como plazo máximo para dar respuesta a un recurso de revisión, o de lo contrario se aplicará la afirmativa ficta.
Al respecto el coordinador parlamentario José Luis Márquez argumentó que el impulso a la ley de transparencia no es por ser oposición ya que solo acatan el reclamo social.
“Es un reclamo que ha venido creciendo y ha multiplicado las voces de que se tenga una nueva ley y no solo reformas, ya que hay legislación que han avanzado más rápido que la nuestra en este tema”, dijo.
El pilón
El inicio del segundo periodo también fue enmarcado por la protesta de habitantes de San Pedro Cholula, Huejotzingo y Juan C. Bonilla contra las arbitrariedades de la Comisión Federal de Electricidad que al instalar sus torres de alta tensión afecta terrenos, casas y escuelas en esas comunidades.
El movimiento denominado “Queremos vida no alta tensión”, que partió de la comunidad rural de San Diego Cuachayotla, también hizo presencia en Casa Aguayo y en la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
