Por Karina Fernández
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Unesco tendrían que pronunciarse sobre el proyecto privado de desarrollo que se anunció en la zona de San Francisco, por la categoría como Patrimonio Cultural de Puebla.
Así lo consideró el gobernador Alejandro Armenta respecto del rechazo que se ha manifestado al proyecto de inversión de Grupo Carso en la zona, que se anunció el pasado 1 de octubre y que contempla el desarrollo de vivienda y rescate comercial.
El mandatario dijo que no cuenta con mayor información del proyecto ya que, previo a su presentación, sólo le fue entregada una carpeta que contenía cinco hojas, por lo que consideró que no está en condiciones de opinar.
“Me reservo mi opinión hasta que Unesco e INAH se pronuncien. Que ellos nos digan, ellos son quienes tiene que hacer una valoración”.
(…) a mí me vinieron a ver hace dos semanas, me entregaron una carpeta con cinco, no conozco, no tengo información no puedo opinar. Puebla es zona monumental, hay que protegerla no voy a opinar al respecto”, señaló.
Armenta Mier consideró que, antes de avanzar en este proyecto, el ayuntamiento capitalino tendría que generar un proyecto de intervención de los barrios que -dijo- lucen sucios, descuidados y sin alumbrado público.
“Considero que el presidente tiene que trabajar en los barrios, es su obligación municipal cuidar los barrios que están descuidados, sucios y sin alumbrado público, solo bache sobre bache. Espero el alcalde haga propuesta para trabajar en los barrios”.
Resaltó que su gobierno está apoyando al ayuntamiento con la pavimentación de calles, siendo esta una obligación de las administraciones municipales.
Apuntó que un proyecto como el que anunció Grupo Carso involucra la participación de la Secretaría de Medio Ambiente, a la dirección de Protección Civil y la Consejería Jurídica con una serie de permisos, supervisiones e implicaciones jurídicas que conlleve.
No obstante, el titular del Ejecutivo insistió que hay instituciones y organismos que deben pronunciarse para garantizar que el proyecto no atente contra el nombramiento que posee la ciudad desde 1987 otorgado por la Unesco.
