El presidente municipal de Puebla Eduardo Rivera Pérez reprobó una de las primeras pruebas de fuego para su administración y ni siquiera cumple aún los primeros cien días de gobierno.
Mientras habitantes de San Andrés Azumiatla y San Baltasar Campeche tomaron calles capitalinas para exigir la anulación del proceso dominical por la manipulación de apoyos sociales y la compra de votos, Rivera Pérez se lavó las manos.
Decenas de habitantes de San Andrés Azumiatla y San Baltasar Campeche, inconformes por las irregularidades en la jornada comicial para la renovación de autoridades, exigieron este lunes la anulación de la elección al denunciar que las boletas utilizadas para votar presentaron alteraciones.
Pidieron un nuevo proceso toda vez que durante la jornada se registró acarreo de votantes ajenos a las demarcaciones así como la compra de votos e inconsistencias en la lista nominal, además denunciaron la intervención de trabajadores de la comuna en apoyo a sus candidatos.
Amagaron con tomar las presidencias auxiliares en caso de que las autoridades no atiendan su demanda de invalidar los sufragios y de que la Secretaría de Gobernación municipal no repita el proceso electoral.
En contraste el munícipe Rivera minimizó la inédita suspensión de comicios en tres demarcaciones así como los hechos violentos que se registraron por la desorganización.
Al deslindar de responsabilidades a sus funcionarios exigió presentar pruebas y denuncias ante las instancias correspondientes de los presuntos actos de corrupción que se acusan de manera mediática.
Para Rivera son la coacción del voto, las irregularidades en la papelería electoral y los enfrentamientos entre los equipos de los candidatos de Canoa, La Resurrección y La Romero Vargas “son problemas normales” en cualquier elección.
Comentó que sus empleados dialogan con los candidatos de las tres juntas auxiliares para pactar nuevos comicios para el próximo domingo 1 de mayo. En tanto, reconoció que mantendrán vigilancia policiaca en esas demarcaciones para evitar enfrentamientos.
Las reacciones al resultado, pero sobre todo a la conducta de dirigentes y operadores partidistas, no se hicieron esperar.
Porque la lucha por el poder entre partidos políticos sumieron a Puebla en la vergüenza y las anomalías e irregularidades que se registraron el domingo no fueron otra cosa que más que el reflejo de un problema al que no se le ha dado una solución de fondo desde hace más de 10 años, la Red de Participación Social, dirigida por Javier del Castillo Guerrero, impulsa la desaparición de la figura de juntas auxiliares para convertirlas en delegaciones, municipios o de plano integrarlas a los ya existentes. En su momento la petición la entregaron en campaña a los hoy legisladores.
Por su parte el diputado local y ex edil capitalino Enrique Doger Guerrero lamentó la actitud de autoridades municipales y del dirigente estatal del PAN, atacándolo a él y la ex alcaldesa Blanca Alcalá a través de las redes sociales, con la que buscan ocultar, dijo, el fracaso en la organización de los plebiscitos en las juntas auxiliares.
Por eso consideró necesario analizar a profundidad las ventajas y desventajas de tener o no una junta auxiliar y considerar otra figura, aunque no necesariamente una delegación.
En respuesta el dirigente estatal panista Juan Carlos Mondragón consideró que las críticas del ex edil Enrique Doger, y de los priistas en general sobre el resultado del plebiscito dominical, son signo de que todavía “están ardidos” por la derrota electoral del 4 de julio de 2010.
Tras rechazar que la elección se le haya salido de control al edil Eduardo Rivera, coincidió con legisladores panistas y de oposición en el sentido de que es tiempo ya de que se analice la permanencia o no de las juntas auxiliares.
En ese sentido el diputado presidente de la Comisión de Gobernación, Juan Carlos Espina, pugnó porque se terminen los cotos de poder en las poblaciones subalternas e incluso no descartó promover en el segundo periodo legislativo la desaparición de esa figura de gobierno.
El panista invitó a conocedores del tema y a la población en general a participar en un análisis sobre la función de las juntas auxiliares para determinar cuáles funcionan realmente como un enlace entre los gobiernos municipales y cuáles deben desaparecer.
En caso permanecer, dudó de la capacidad del actual consejo general del Instituto Electoral del Estado para regular los comicios en esas demarcaciones que además consideró, deben ser fiscalizadas.
(Con información de Mónica Franco y Verónica López)
