Por Valentín Varillas
El Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum siguió los protocolos habituales de la política nacional.
Se llevó a cabo, como siempre, bajo un despliegue de poder diseñado para ratificar prioridades y proyectar control institucional.
Sin embargo, al contrastar el discurso formal con los indicadores oficiales y la dinámica diaria, el balance de la gestión deja claroscuros marcados por el impacto del gasto social, el deterioro de la inversión pública y muchas tensiones en materia de seguridad.
En el renglón de los resultados palpables, la política social se consolidó, al igual que en el sexenio anterior, como la columna vertebral de la actual administración.
La bancarización y la entrega directa de subsidios han operado con regularidad, sosteniendo el gasto de los hogares de menores ingresos.
En el ámbito operativo, en estos dos años gobierno federal presenta avances modestos en temas en donde no se hizo nada en el sexenio de AMLO.
Por ejemplo, el incremento en el decomiso de drogas sintéticas y la desarticulación de laboratorios clandestinos.
De igual manera, las acciones contra el huachicol fiscal en aduanas y puertos mejoraron la fiscalización de combustibles, aunque el impacto en la recaudación global siga siendo acotado.
Sin embargo, en el tema de la seguridad pública no se ha podido combatir con éxito la extorsión, el cobro de derecho de piso y el enorme saldo social que supone el enfrentamiento entre organizaciones delictivas por el control de territorios.
La mayor vulnerabilidad del informe se localizó en la obra pública y el desarrollo de infraestructura, áreas afectadas por un muy reducido margen fiscal.
La inversión física presupuestada registró caídas reales superiores al 15%, lo que se tradujo en la postergación de proyectos regionales y en programas de mantenimiento carretero insuficientes frente al deterioro de las vías de comunicación en todo el país.
Obras prioritarias de conectividad, como el tramo Lechería-AIFA, continuaron arrastrando sobrecostos y desfases.
La contracción del gasto público ha tenido como consecuencia que continúen las enormes deficiencias del sistema de salud.
Infraestructura insuficiente, obsoleto o en pésimo estado, de la mano de un endémico desabasto en los almacenes del IMSS, el ISSSTE y en clínicas y hospitales públicos de todo el país.
En la agenda bilateral con Estados Unidos, más allá de las infaltables arengas que apelan a la soberanía y la autodeterminación, lo cierto es que existe una negociación pragmática que ha contenido presiones arancelarias y mantenido el diálogo comercial.
No obstante, la relación camina sobre un delgado equilibrio.
La cooperación en materia migratoria y el combate al tráfico de fentanilo responden directamente a las exigencias de Washington, dejando ver la enorme dependencia económica de México frente a las condicionantes del vecino del norte.
Desde la perspectiva política, el acto operó como un mensaje de cohesión y disciplina interna.
La presidenta ratificó la vigencia del proyecto oficial frente a gobernadores, legisladores y cuadros de su partido, descartando virajes en el programa legislativo o aperturas de negociación formal con la oposición.
La de Sheinbaum es una administración con capacidad de ejecución en la dispersión de apoyos, con pragmatismo diplomático y un enorme control político, pero con asignaturas pendientes graves en el impulso a la infraestructura productiva y la contención del crimen organizado.
