Por Yasmin Flores Hernández
En la teoría política clásica y en la práctica republicana elemental, el Estado existe para garantizar el orden, la justicia y la protección de sus ciudadanos.
Las instituciones no son patrimonio de un partido, ni los puestos de alta responsabilidad directiva son tribunas de campaña permanentes.
Cada cargo público en nuestro marco constitucional tiene delimitadas sus facultades, sus alcances y, sobre todo, sus límites.
Sin embargo, lo que hemos presenciado en las últimas semanas en la conversación pública mexicana es una muestra clara de cómo el aparato federal se desvía de sus fines esenciales.
Asistimos a una dinámica donde las herramientas del Estado, diseñadas para la defensa de la legalidad y la atención de las causas más apremiantes de la sociedad, son sistemáticamente rediseñadas para cumplir dos objetivos muy distintos: la estigmatización de la crítica y la protección de las élites en el poder.
Hoy nos detenemos a analizar un hilo conductor que conecta la política nacional con la dinámica local: desde los estrados del gabinete federal hasta las curules en los congresos locales, pasando por la diplomacia consular y la dolorosa crisis humana que atraviesa a miles de familias en México.
Esta columna la he divido en VI capitulos, empecemos…
I. La Consejería Jurídica: De la tutela constitucional a la fiscalización del disentimiento.
Comencemos por el principio institucional.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal es, por definición normativa, la oficina de mayor rigor técnico-legal del gobierno.
Su razón de ser es velar por que cada decreto, cada iniciativa de ley, cada acuerdo y cada acto emitido por la Presidencia de la República se apegue estrictamente a la Constitución.
Es el filtro de legalidad del Estado; el órgano encargado de representar jurídicamente al Ejecutivo ante el Poder Judicial y garantizar que la autoridad no incurra en excesos o arbitrariedades.
¿Qué ocurre, entonces, cuando la Consejera Jurídica de la Presidencia se presenta en la conferencia matutina no para explicar un criterio de constitucionalidad, no para informar sobre la defensa de un recurso legal del Estado, sino para exponer un presunto análisis de “ecosistemas digitales”?
Lo que vimos en la tribuna oficial no fue un acto de rendición de cuentas ni un ejercicio de transparencia jurídica.
Fue la confección explícita de mapas de señalamiento contra periodistas, comunicadores, analistas y medios de comunicación independientes.
Bajo el pretexto de evidenciar presuntas “campañas de amplificación” o “ataques coordinados”, el aparato legal del gobierno fue utilizado para poner nombres y apellidos sobre una pantalla oficial, clasificando el debate público entre voces adictas y voces incómodas.
Esta acción entraña una grave perversión del rol institucional.
La Consejería Jurídica no es una agencia de monitoreo mediático ni un tribunal de opinión pública.
Utilizar los recursos del Estado, el tiempo de la transmisión oficial y la investidura de la máxima defensora legal del Ejecutivo para señalar a la prensa representa una forma de intimidación velada y una extralimitación manifiesta de sus funciones.
Cuando el poder utiliza su peso institucional para etiquetar el disentimiento, vulnera el principio de equidad en la conversación pública y desvirtúa la naturaleza misma de la función pública.
Y es que este afán de señalar hacia afuera para desviar la atención de lo que ocurre dentro no es casual.
Ocurre precisamente en un momento donde la mirada internacional empieza a apretar el cerco sobre el propio grupo en el poder…
Y con esto demos paso al II capítulo…
II. La acumulación de alertas: El fenómeno de las visas revocadas.
Este afán de señalar y fiscalizar a la prensa e independientes no ocurre en un vacío de tensión.
Se da en un momento donde la mirada internacional observa con creciente desconfianza el actuar de diversas figuras de la vida pública mexicana.
En los últimos meses, hemos atestiguado un fenómeno que en cualquier democracia funcional encendería de inmediato focos rojos en materia de control interno y rendición de cuentas: la revocación sistemática de visas de entrada a los Estados Unidos a funcionarios, legisladores, gobernadores y actores clave del grupo en el poder, Morena.
La cancelación de un visado consular por parte de un gobierno extranjero no es un tema menor.
Si bien responde a decisiones soberanas del país emisor, este tipo de medidas hacia servidores públicos en activo suele estar vinculado a cuestionamientos de fondo, investigaciones en curso o alertas de inteligencia diplomática.
Sin embargo, frente a esta acumulación de casos, la respuesta del gobierno mexicano no ha sido la apertura de investigaciones internas, la exigencia de aclaraciones o la prudencia institucional.
La narrativa oficial ha preferido normalizar o desestimar el fenómeno, minimizándolo como un conjunto de meros trámites administrativos o incidencias sin relevancia política.
Se busca trasladar a la opinión pública la idea de que la pérdida de credibilidad internacional de sus cuadros es un asunto menor, carente de consecuencias para el ejercicio de la gobernanza.
Sin embargo, esa aparente indiferencia y esa narrativa de minimizar las cosas se acaba en el instante preciso en que el problema toca el corazón mismo del grupo político…
Y ya narrado esto, pasemos al III capitulo denominado:
III. El caso Andy López Beltrán y el despliegue del escudo presidencial.
Esta estrategia de desdén alcanzó su punto culminante cuando la medida consular tocó directamente al entorno más cercano del poder: la revocación de la visa a Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”.
Aquí es donde la diferencia en el tratamiento institucional se vuelve inocultable.
Tratándose de un dirigente partidista y familiar del expresidente de la República, la postura del Estado debió ser la neutralidad y la distancia prudente.
El asunto pertenecía estrictamente al ámbito personal del afectado o, en su defecto, a las gestiones consulares de carácter privado.
No obstante, la respuesta desde la Jefatura del Estado fue inmediata, vehemente y pública.
La propia Presidencia de la República utilizó el micrófono de la conferencia matutina para calificar la decisión del gobierno norteamericano como un acto “político”, “injustificado” e “injerencista”.
De pronto, el aparato de comunicación social del Estado mexicano se convirtió en un despacho de defensa personal.
Se activó de inmediato la narrativa de la soberanía nacional para escudar a un individuo.
El mensaje transmitido desde la cima del poder fue contundente: cuando se trata de proteger a los propios, el Estado no escatima recursos, adjetivos ni tiempo en la agenda pública.
La tribuna presidencial se transformó en un escudo de protección política, demostrando que la indignación del gobierno se enciende con velocidad absoluta cuando se toca a los integrantes de la cúpula oficialista.
Pero para sostener semejante despliegue de defensa personal ante un trámite privado, el gobierno necesita alimentar una narrativa permanente: la idea de que todo límite, interno o externo, es en realidad un ataque al régimen…
Pasemos al IV capítulo…
IV. La construcción de narrativas: El desdén por los contrapesos y la soberanía selectiva.
Para justificar el uso de los recursos públicos en la defensa de figuras afines, el discurso oficial recurre a una estrategia probada: la construcción de enemigos externos e internos para erosionar a los contrapesos.
En este marco conceptual, cualquier intento de fiscalización, cualquier resolución judicial adversa o cualquier señalamiento de organismos internacionales es etiquetado inmediatamente como un “ataque a la soberanía” o un intento de “sabotaje político”.
Esta retórica no sólo se aplica frente a decisiones de gobiernos extranjeros; se aplica con igual o mayor ferocidad contra las instituciones democráticas internas.
Cuando un tribunal electoral o un juez de distrito emite una resolución que frena un decreto o señala una ilegalidad, la respuesta oficial no es el acatamiento técnico ni el debate jurídico riguroso.
La respuesta es el cuestionamiento de la legitimidad del juzgador, la acusación de parcialidad y el llamado al desacato implícito.
Se consolida así un modelo de gobernanza donde la autoridad se pretende infalible.
Bajo esta visión, la ley y el debido proceso son herramientas útiles únicamente cuando favorecen los objetivos del grupo en el poder; pero cuando imponen límites o imponen contrapesos, son descalificadas como obstáculos burocráticos o vestigios de un pasado que debe ser ignorado.
Y es justamente en esta construcción de prioridades donde queda al descubierto la grieta más dolorosa de nuestra realidad: la velocidad del Estado para reaccionar ante lo político frente a su pasividad absoluta ante lo humano…
Con lo antes mencionado demos paso al V capítulo…
V. La dolorosa asimetría: El abandono de las víctimas y la crisis de los desaparecidos.
Es en este punto de la reflexión donde el análisis político se encuentra con la realidad social más cruda y dolorosa.
Es aquí donde debemos preguntarnos:
¿dónde está esa misma vehemencia, esa misma inmediatez y esa misma capacidad de movilización del Estado cuando se trata de atender a los ciudadanos de a pie?
La respuesta a esta pregunta revela la falla moral más profunda de la administración pública.
Mientras la voz presidencial se eleva con rapidez para condenar la cancelación de una visa o para señalar a comunicadores incómodos, esa misma voz se torna distante, cautelosa y fría cuando enfrenta la tragedia de las personas desaparecidas en México.
Para las madres buscadoras, para las familias que recorren terrenos baldíos con palas y varillas buscando a sus hijos, no hay transmisiones especiales en la mañana.
Para ellas no hay desplegados de respaldo, no hay adjetivos encendidos contra la impunidad ni reuniones inmediatas en el despacho principal.
A las víctimas de la violencia en México se les responde habitualmente con la lentitud del trámite burocrático, con agendas de atención cerradas o con el desdén de acusarlas de estar “manipuladas” por intereses políticos.
Esta asimetría en la empatía del poder es devastadora.
Revela que para la narrativa oficial existen dos categorías de problemas en el país: aquellos que afectan a la clase política los cuales merecen la movilización inmediata del aparato mediático e institucional y aquellos que desgarran a miles de familias mexicanas —los cuales son relegados a la estadística o administrados con retórica de paciencia.
Y lo más grave de este mensaje que se envía desde la cúpula es que termina permeando hacia abajo, enseñándole a los gobiernos y legisladores locales que la ley y las víctimas son cosas que se pueden desestimar con una sonrisa…
Cerremos con el último capítulo..
VI. El desplante local: La ley como motivo de burla en las entidades.
Y lo más grave de este mensaje que se envía desde la cúpula es que termina permeando hacia abajo, enseñándole a los gobiernos y legisladores locales que la ley y las víctimas son cosas que se pueden desestimar con una sonrisa…
Esta cultura de desdén hacia las normas y las resoluciones institucionales no se limita a la capital del país.
Es un modelo que se replica en cascada hacia las entidades federativas, permeando la conducta de representantes y funcionarios locales.
Un ejemplo claro de este fenómeno ocurrió recientemente en el estado de Puebla.
Durante el marco del Informe del Gobernador, fuimos testigos de cómo diputadas locales hicieron acto de presencia mofándose abiertamente de una medida cautelar emitida en su contra por autoridades competentes.
El acto de presentarse ante las cámaras y los asistentes a un evento republicano de tal relevancia haciendo mofa de una resolución legal no es una simple anécdota de folklore político.
Es un síntoma peligroso de la degradación del Estado de Derecho.
Cuando un representante popular se burla públicamente de un mandato judicial o administrativo en un foro público, el mensaje que transmite a la sociedad es nefasto: las leyes, los reglamentos y las medidas cautelares son restricciones pensadas para los ciudadanos comunes, mientras que para quienes ostentan el poder político, la ley es solo una sugerencia optativa.
Esta actitud de superioridad frente a la norma genera un clima de cinismo institucional.
Si quienes integran el Congreso local se mofan de los tribunales que interpretan la ley, ¿con qué autoridad moral se le exige al ciudadano común que respete el orden legal?
El desacato sonriente en las tribunas locales es el reflejo directo del desprecio por los contrapesos que se promueve desde las cúpulas federales.
Austed que me escuha y me lee, dejeme decirle, al juntar cada una de las piezas de este rompecabezas la Consejería Jurídica convertida en tribunal de monitoreo de prensa, la diplomacia oficial volcada a defender visados particulares, el discurso que estigmatiza los contrapesos, la frialdad institucional frente a las familias de los desaparecidos y la burla local ante las medidas cautelares en pleno informe gubernamental la conclusión es ineludible.
Estamos ante un ejercicio del poder que ha invertido por completo sus prioridades.
Tenemos un aparato estatal sumamente eficiente y veloz para blindarse a sí mismo, para proteger a sus élites y para señalar a sus críticos, pero profundamente ineficaz e indolente para responder a las demandas de justicia, seguridad y certeza legal que exige la ciudadanía.
Una democracia sólida no se mide por la capacidad de un gobierno para controlar el debate público o para defender a sus cuadros políticos.
Se mide por su disposición a someterse a la ley, por su respeto a la libertad de expresión, por su acatamiento a las resoluciones judiciales y, sobre todo, por su capacidad de empatía y respuesta ante el dolor de las víctimas.
Mientras el poder siga mirándose al espejo y utilizando las plataformas públicas para sus disputas partidistas, la brecha entre el discurso oficial y la dura realidad que se vive en las calles continuará profundizándose.
Restablecer el sentido de la función pública y exigir que las instituciones vuelvan a servir a la sociedad y no a la clase política es la tarea fundamental de una ciudadanía crítica y de un periodismo libre.
