Por Valentín Varillas
El Consejo General del INE avaló una reforma a los estatutos de Morena, que permite afiliar militantes de forma digital con firma electrónica.
El cambio no es menor: abre la puerta a dar por válidas millones de afiliaciones que el partido acumuló cuando Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán llevaban sus riendas.
Morena modificó sus estatutos después de que el propio INE detectara que una parte significativa de esas afiliaciones digitales no podía contabilizarse a su favor, porque el partido entregó archivos electrónicos sin la cédula original que comprobara que la persona registrada efectivamente quería afiliarse.
Tal y como sucedía en los tiempos más rancios del priismo absolutista.
Pero en este caso, la aberración es mayúscula: primero apareció la irregularidad y después llegó la reforma que la blinda.
Y nunca se corrigió el padrón.
Al contrario, se cambió la norma para que éste ya no necesitara corrección alguna.
Morena cerró hace poco su campaña “Somos Millones”, con la que presumió haber alcanzado 12 millones de militantes.
Esta cifra nunca estuvo exenta de dudas y la prueba más clara es que el propio instituto electoral determinó que decenas de miles de esas afiliaciones carecían de soporte documental suficiente.
Mientras tanto, el partido guinda usó ese mismo padrón cuestionado para disputarle membresías a organizaciones civiles que buscan convertirse en partidos políticos nuevos.
El “movimiento” exigió aplicar todo el rigor posible al momento de impugnar afiliaciones ajenas, mientras le daban forma a un auténtico cochinero en el manejo de las propias.
Dentro del Consejo General hubo quienes advirtieron el riesgo de fondo: que el INE no debería ceder garantías legales construidas durante años sólo porque un estatuto interno así lo indique.
Esto, desde el punto de vista del mínimo respeto al estado de derecho, es un auténtica locura.
Aún así, la mayoría del Consejo, incluida la presidenta Guadalupe Taddei, rechazó imponerle a Morena requisitos mínimos de validación.
Lo más relevante es el plazo que le dieron.
Morena tiene seis meses para definir sus propios criterios de validación, un periodo que se encuentra dentro del arranque del proceso electoral 2027, etapa en la que ya no se pueden modificar estatutos.
En términos de política real, esto significa que el oficialismo operará con un padrón sin reglas claras de verificación, justo en el momento cuando ese mismo padrón empiece a definir quién compite por las candidaturas a cargos de elección popular.
Esto no es un escenario nuevo en la política mexicana.
Es el mismo mecanismo que operó el PAN en Puebla con Rafael Moreno Valle entre 2011 y 2018: inflar el padrón con afiliaciones operadas desde el poder, para controlar de forma absoluta los procesos internos.
Algo que, en su momento, quienes hoy son parte del actual grupo gobernante criticaron duramente.
Mismo círculo vicioso.
Misma aberrante novela.
Cambian nada más, otra vez, el papel de los actores.
Lo dicho: son iguales.
