Por Valentín Varillas
Omar García Harfuch, el hombre fuerte del sexenio, el que desde ahora muchos ya ubican despachando en la oficina de Palacio Nacional el próximo sexenio, es un daño colateral importante en el caso Rocha Moya.
El Secretario de Seguridad pública más poderoso en décadas está en un verdadero laberinto.
No puede explicar cómo, en catorce reuniones de gabinete y con todo el aparato de la inteligencia del Estado mexicano, nunca detectó que el gobernador de Sinaloa -la entidad más vigilada del todo el país- tuviera vínculos con el cártel más poderoso e influyente del mundo.
Y así, con toda contundencia, lo ha declarado a medios: “por supuesto que nosotros no teníamos ningún indicio”.
En esto de la política y el servicio público hay frases que marcan de por vida, que quedan grabadas para la historia, que definen rumbos y carreras.
Y ésta puede ser una de ellas.
Porque en los hechos parece imposible que con todo el aparato institucional a su disposición, el funcionario no viera lo que Washington sí vio.
Existe además una contradicción pública monumental que lo perseguirá irremediablemente.
Mientras la presidenta Sheinbaum declaraba en una mañanera que Rocha Moya había solicitado personalmente el esquema de protección que ofrece el gobierno federal, Harfuch aseguraba que nadie había hecho esa petición y que se trataba de una “recomendación” del gabinete de seguridad.
Para colmo, el súper secretario mantiene hasta la fecha que no sabe dónde está el narco ex gobernador que no tiene ni idea de su ubicación exacta, al mismo tiempo que el gobierno que él representa le asignó escoltas de la Guardia Nacional.
Las inconsistencias rayan ya en la esquizofrenia.
Y es una consecuencia normal de esta enfermiza obsesión de negar púbicamente lo que a todas luces resulta evidente: el gobierno mexicano ha optado por la protección de los suyos, en lugar de la cooperación bilateral en el que, en teoría, es uno de los temas prioritarios para quienes llevan las riendas del país: limpiar de delincuentes la política y el servicio público.
En los hechos, resulta muy claro que no es así.
El pésimo manejo discursivo y operativo del caso Rocha Moya, le puede pegar de lleno al proyecto presidencial de García Harfuch.
Primero porque, ya desde ahorita y con semejantes yerros, le están dando materia prima valiosa a la oposición para la construcción de lo que será el eje central de su discurso de campaña.
El manejo de mensajes recurrentes centrados en que desde la llegada de la 4T México está sumido en un régimen criminal, es una auténtica joya de enorme potencial electoral no sólo para el próximo año.
Alcanza inclusive para alimentar el 2030.
Y de cómo resuelva la administración de Sheinbaum la petición gringa de combatir a los cárteles de la droga, dependerá el voto o el veto de los Estados Unidos a la potencial candidatura de García Harfuch.
Porque, por muy soberanos que nos sintamos, ese tipo de decisiones siempre se consultan del otro lado.
