Por Valentín Varillas
En el primer período de Eduardo Rivera como presidente municipal de Puebla (2011-2014), un grupo compacto de funcionarios chihuahuenses terminó controlando la seguridad de la capital.
Ese grupo regresó años después a aquel estado para instaurar el modelo de la Plataforma Centinela, hoy en el ojo del huracán por la operación de agentes de la CIA en el país.
Amadeo Lara Terrón llegó como Secretario de Seguridad por recomendación directa de Lázaro Gaytán, ex titular de la dependencia estatal en Chihuahua.
Este personaje trajo a sus hombres de confianza, entre ellos a Gilberto Loya Chávez, hoy encargado de la estrategia de combate a la delincuencia de la gobernadora Maru Campos.
En ese tiempo, implementaron aquí una especie de “embrión” de lo que hoy han implementado en aquella entidad del norte de la República.
Es decir, la compra de tecnología de videovigilancia y centros de monitoreo por encima de la capacitación y el fortalecimiento de las condiciones laborales de los policías.
Gastaron millones en eso, en una gestión caracterizada por la total opacidad.
Uno de los flancos más observados en ese trienio fue el destino de fondos federales del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (SUBSEMUN).
En su paso por la administración pública capitalina, Loya Chávez benefició a empresas foráneas con contratos de mantenimiento y “consultoría” a largo plazo, que dejaron comprometidas las finanzas públicas del municipio.
Se dieron adjudicaciones directas de equipo táctico, uniformes y patrullas, con precios inflados en comparación con el valor promedio de mercado, beneficiando a proveedores específicos vinculados a ese grupo.
Hoy trabajan para el gobierno del estado de Chihuahua.
Además, aquí en la capital le dieron forma a un descarado otorgamiento de plazas y grados basado en el compadrazgo, el amiguismo y la lealtad personal, dejando a un lado los méritos propios y los resultados arrojados por las pruebas de confianza.
La dependencia poblana en donde Loya Chávez llegó a ser el mandamás, también utilizaba las herramientas de vigilancia para el monitoreo y espionaje de “enemigos” y adversarios políticos, siendo una herramienta adicional al ya de por sí robusto arsenal con el que contaba el entonces gobernador Moreno Valle.
En su sexenio, RMV impuso un modelo único de seguridad en los municipios poblanos que se basaba en el control absoluto sobre las instituciones en la materia.
Ningún mando municipal operaba si no estaba alineado a la estrategia estatal coordinada personalmente por el propio efe del ejecutivo estatal.
Loya cumplía con lo que Rafael quería: modernidad y mandos con vocación netamente civil.
La garantizaba la operatividad del C4 y una coordinación absoluta con la SSP estatal.
Por eso, su lealtad estaba más con el estado que con el municipio.
Por lo mismo, no es casual que cuando vino la persecución política y legal contra Rivera Pérez -la inhabilitación y la multa por 25 mdp-, los cuadros técnicos de seguridad como Loya salieron ilesos de la purga mediática y jurídica.
Se volvieron especialistas en operar franquicias de seguridad que se venden al mejor postor.
Que no le quepa duda, Puebla fue la escuela de negocios y política de este grupo que hoy trae en jaque al gobierno federal y a la tan devaluada soberanía nacional.
