Por Karina Fernández
El gobernador Alejandro Armenta se pronunció porque partidos políticos exijan a sus candidatos someterse a pruebas antidoping y polígrafo como parte de un compromiso moral y ético de quienes buscan acceder a un cargo público.
Así lo comentó derivado de la propuesta que la legisladora del PRI, Delfina Pozos planteó para que estos exámenes sean una obligación para quienes aspiren a un espacio en la boleta electoral para convertirse en autoridades.
El mandatario estatal dijo que, si esta propuesta de reforma al código electoral de Puebla no prospera para que los exámenes toxicológicos sean una obligación, los aspirantes y partidos políticos podrían aplicarlas como parte de su compromiso con la ciudadanía.
“Si no lo aprueban porque pueda ser excluyente, sí podría ser moralmente una obligación y a ver quién, moral y éticamente acepta el antidoping”.
(…) que moralmente los partidos exijan a sus candidatos el antidoping y detector de mentiras. Si el lema es no mentir, no robar y no traicionar, es cumplir con la norma. A ver quién es mentiroso empedernido recurrente”, expresó.
Armenta Mier se pronunció porque los diputados locales pongan el ejemplo y se sometan a estos exámenes toxicológicos; auguró que habría sorpresas en los resultados, lo mismo por parte de algunos presidentes municipales.
“Qué bueno que lo propongan. Valdría la pena ver cuántos diputados pueden pasar el antidoping. Se van a sorprender, cuantos presidentes municipales”, apuntó.
En su iniciativa de reforma al Código de Instituciones y Procesos Electorales de Puebla, la priista propuso adicionar una fracción al artículo 15 para que candidatos cuenten con la evaluación de control de confianza aprobada y vigente expedida por la autoridad competente.
Expuso que se trata de una medida preventiva orientada a fortalecer los estándares de integridad en el acceso al poder público.
Dijo que este requisito asegura que quienes aspiren al ejercicio del poder acrediten condiciones mínimas de confiabilidad, estabilidad y probidad, en beneficio del interés público, y a consolidar instituciones públicas confiables.
