Por Karina Fernández
Las investigaciones por irregularidades en la Auditoría Superior del Estado (ASE) con Amanda Gómez Nava al frente no han concluido; están en curso los procesos de responsabilidades administrativas contra quienes colaboraron en dicha gestión.
Así lo dio a conocer la secretaria de la comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la ASE en el Congreso local, Norma Pimentel quien no desestimó que el proceso administrativo pueda escalar a la vía penal.
En entrevista, explicó que actualmente la Unidad Técnica de Vigilancia está desahogando la información y citando a diversas personas involucradas, aunque no quiso particularizar si en estas entrevistas también se encuentra la ex titular del órgano fiscalizador.
“Lo que en estos momentos se está desahogando justamente es el propio procedimiento de responsabilidades administrativas, primerio se desahoga este por las instancias competentes”.
Precisó que se evalúan las personas vinculadas, niveles de responsabilidades y, posteriormente, derivado de la revisión, las áreas competentes determinarán si estas responsabilidades dan pauta a presentar denuncias penales.
La verdeecologista manifestó que el compromiso de las áreas que integran la actual legislatura es que el procedimiento se lleve hasta últimas etapas, tras recordar que la polémica se generó por la compra de una camioneta blindada con valor millonario.
Asimismo, por irregularidades por la contratación de un servicio de alimentos a sobrecostos, ambos por adjudicación directa y sin licitación pública.
Apuntó que, entre las sanciones administrativas que se podrían fincar a los servidores públicos que se encuentren responsables, se encuentra la inhabilitación para desempeñar otro cargo, aunque serán las instancias quienes determinen las sanciones a imponerse.
