Por Yasmin Flores Hernández
Durante décadas, las mujeres hemos luchado por algo que parecía elemental pero que nos fue negado sistemáticamente: el derecho a estar.
A estar en la toma de decisiones.
A estar en la mesa donde se redactan las leyes.
A estar en los espacios donde se define el rumbo de un país.
La paridad no fue un regalo. Fue conquista.
Fue resistencia. Fue trabajo silencioso de generaciones que abrieron brecha cuando ni siquiera podían votar, cuando su voz era considerada secundaria y su liderazgo una excepción incómoda.
Por eso, cada vez que una mujer llega a un espacio legislativo, no llega sola.
Llega acompañada por esa historia.
Llega representando la posibilidad de que muchas más puedan hacerlo.
Y no importa el color partidista.
No importa la ideología.
La representación femenina trasciende siglas.
Pero aquí es donde debemos hacer una pausa necesaria.
¿Qué significa realmente ser legisladora?
Ser legisladora no es ocupar una curul, no es tener presencia en redes.
No es acumular seguidores ni declaraciones virales.
Ser legisladora es estudiar, debatir, construir, reformar.
Es leer iniciativas completas, entender impactos presupuestales, participar en comisiones, negociar consensos, defender técnicamente una postura.
Ser legisladora es asumir que cada voto emitido modifica la vida de miles de personas.
Y entonces surge otra pregunta inevitable:
¿Qué significa ser servidora pública?
Servir implica rendir cuentas.
Implica administrar recursos que no son propios.
Implica comprender que el cargo no es patrimonio personal, sino responsabilidad institucional.
El servicio público no es escenario, es carga, es deber, es obligación ética.
Y cuando una mujer accede a ese espacio —que por años nos fue negado— la expectativa no es menor. Es mayor.
Porque no sólo representa a su distrito.
Representa la promesa de que el acceso al poder femenino puede elevar el estándar.
Y es aquí donde debemos hablar con claridad.
No desde el desprestigio.
No desde la descalificación fácil.
Mucho menos desde la violencia.
Sino desde algo más simple y más contundente: la evaluación del desempeño.
Porque la igualdad no significa inmunidad a la crítica.
Significa igualdad en la exigencia.
Y hoy, esa exigencia nos obliga a preguntarnos qué está ocurriendo con algunas de las mujeres que han tenido la oportunidad histórica de ocupar espacios de representación.
Si algo ha demostrado la historia reciente es que la presencia femenina en el poder es indispensable. Pero la presencia, por sí sola, no transforma.
Transforma el trabajo.
Transforma la preparación.
Transforma la congruencia entre el discurso y los hechos.
Porque una legisladora no es un símbolo decorativo de paridad.
Es una arquitecta de leyes.
Y cuando analizamos el desempeño legislativo, el parámetro no puede ser la simpatía pública ni la exposición mediática. El parámetro debe ser el impacto real en la vida de la ciudadanía.
En ese contexto, vale la pena revisar el trabajo de figuras como Nayeli Salvatori y Graciela Palomares.
No para descalificar.
No para atacar.
Sino para medir.
¿Cuántas iniciativas de fondo han impulsado?
¿Cuántas han sido aprobadas y han generado un cambio tangible?
¿En qué debates legislativos dejaron aportaciones técnicas sustantivas?
¿Cuál ha sido su productividad en comisiones?
¿Su asistencia?
¿Su capacidad de construir consensos?
La ciudadanía tiene derecho a saberlo.
Porque el Congreso no es un foro de popularidad. Es el espacio donde se define el presupuesto público, se reforman derechos, se regulan libertades y se fijan prioridades sociales.
Y cuando el debate público alrededor de una legisladora gira más en torno a polémicas, declaraciones virales o escándalos mediáticos que a reformas estructurales, algo no está funcionando.
No se trata de exigir perfección.
Se trata de exigir profesionalismo.
El problema no es que tengan presencia en redes.
El problema es cuando la visibilidad sustituye a la sustancia.
Porque el verdadero liderazgo legislativo se construye en los dictámenes, en las reservas, en el estudio de impacto normativo, en el trabajo técnico que casi nunca es viral… pero que cambia vidas.
Y aquí es donde la discusión se vuelve incómoda, pero necesaria.
¿Estamos premiando el espectáculo sobre la preparación?
¿La narrativa sobre el resultado?
¿La exposición sobre el rendimiento?
La paridad abrió la puerta.
Pero sostenerla exige excelencia.
Sería un error reducir esta conversación únicamente al ámbito legislativo.
El fenómeno no se limita al Congreso. Se replica en distintos espacios donde mujeres han llegado con la oportunidad histórica de demostrar que la paridad no solo abre puertas, sino que eleva estándares.
Y ahí es donde debemos mirar con lupa institucional.
Tomemos el caso de Rosa Isela Sánchez Soya al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla.
La Comisión no es una oficina decorativa.
Es un organismo autónomo con presupuesto público, con la facultad de emitir recomendaciones, investigar violaciones graves y convertirse en contrapeso del poder.
Cuando una mujer encabeza un organismo de esta naturaleza, la expectativa no es menor.
Es mayor. Porque históricamente han sido las mujeres quienes han empujado con más fuerza la agenda de derechos humanos.
Entonces la pregunta es legítima:
• ¿Ha sido contundente la Comisión frente a casos de violencia de género?
• ¿Ha emitido recomendaciones firmes ante abusos de autoridad?
• ¿Ha actuado con independencia frente al poder político?
• ¿Se ha convertido en un verdadero escudo para las víctimas?
No se trata de atacar a la persona.
Se trata de evaluar la gestión.
Un organismo con presupuesto millonario no puede operar con bajo impacto público.
Una presidencia en derechos humanos no puede ser tibia cuando la realidad es brutal.
Y el caso no es aislado.
También hemos visto cuestionamientos en otras áreas donde mujeres han tenido cargos relevantes, como el caso de Edurne Ochoa, donde las decisiones administrativas, los resultados de gestión y la percepción ciudadana han generado debate legítimo.
Y aquí es donde debemos ser muy claras:
La crítica no es por ser mujeres.
La crítica es porque son funcionarias públicas.
La igualdad implica exactamente eso: igualdad en la exigencia.
Si durante décadas pedimos espacios, también debemos estar dispuestas a aceptar que ocuparlos implica escrutinio.
Y hay algo que duele reconocer, pero es necesario decir:
Cuando una mujer llega a un cargo y su desempeño no está a la altura, el impacto simbólico es mayor. Porque sus errores son utilizados por quienes siempre dudaron de la capacidad femenina.
Por eso la responsabilidad también es colectiva.
No basta con llegar.
Hay que demostrar.
No basta con ocupar la silla.
Hay que dignificarla.
Hay algo que debemos decir sin rodeos: la política no es entretenimiento.
El servicio público no es un reality, no es un escenario para acumular seguidores.
No es una plataforma para construir marca personal.
Y, sin embargo, en los últimos años hemos visto cómo algunos cargos de representación han empezado a operar bajo esa lógica.
La exposición mediática sustituye al estudio técnico, la declaración viral sustituye al dictamen trabajado y la polémica desplaza a la propuesta.
Y aquí es donde el análisis vuelve al ámbito legislativo.
Cuando revisamos el desempeño de figuras como Nayeli Salvatori y Graciela Palomares, lo que debería estar en el centro son sus aportaciones legislativas.
No sus controversias.
No sus enfrentamientos mediáticos.
No sus episodios virales.
Porque el Congreso no mide impacto por likes.
Lo mide por reformas aprobadas, por presupuestos vigilados, por debates sustantivos.
Y aquí surge una pregunta incómoda:
¿Estamos frente a representantes que han construido una huella legislativa sólida?
¿O frente a figuras cuya notoriedad supera su productividad?
El problema no es que una legisladora tenga presencia pública. Eso es parte del ejercicio político contemporáneo. El problema surge cuando la presencia se convierte en el fin, y no en el medio.
Porque la visibilidad debería servir para comunicar resultados.
No para sustituirlos.
Y este fenómeno no es exclusivo de un partido, ni de un género. Es una tendencia peligrosa que trivializa la función pública.
Cuando el debate político se llena de escándalos y se vacía de contenido técnico, la democracia se empobrece.
Cuando la discusión gira alrededor de episodios personales en lugar de reformas estructurales, la ciudadanía pierde.
Y cuando el cargo se convierte en herramienta de autopromoción antes que de transformación, el servicio público se distorsiona.
Presupuesto público, rendimiento público.
Hay un elemento que nunca debemos olvidar: cada diputación, cada presidencia de organismo autónomo, cada cargo público se sostiene con recursos de la ciudadanía.
• Salarios.
• Asesores.
• Oficinas.
• Viáticos.
• Estructura administrativa.
No es un honor simbólico. Es una responsabilidad financiada con dinero público.
Por eso la pregunta es legítima:
¿El rendimiento está a la altura de lo que cuesta sostener ese cargo?
La rendición de cuentas no es agresión. Es obligación democrática.
Y si exigimos transparencia a hombres en el poder, debemos exigir exactamente lo mismo a mujeres en el poder.
La igualdad no es blindaje, es corresponsabilidad.
Lo verdaderamente preocupante no es que existan funcionarias cuestionables. Eso ocurre en cualquier sistema.
Lo preocupante es que bajemos el estándar.
Que normalicemos la mediocridad.
Que confundamos exposición con capacidad.
Que celebremos la forma mientras descuidamos el fondo.
Porque si algo ha costado décadas de lucha feminista, es demostrar que las mujeres no solo pueden estar en el poder… pueden ejercerlo con excelencia.
Y cuando esa excelencia no aparece, debemos decirlo.
No con violencia.
No con insultos.
Pero sí con firmeza.
Durante muchos años las mujeres tocamos puertas que no se abrían.
Marchamos, escribimos, resistimos, estudiamos el doble para que nos reconocieran la mitad.
Pedimos paridad.
Pedimos espacios.
Pedimos ser escuchadas.
Y hoy esos espacios existen.
Pero la historia no termina cuando se ocupa la silla, ahí comienza la verdadera prueba.
Porque llegar al poder siendo mujer no es solo un logro individual.
Es un acto simbólico colectivo.
Es una promesa implícita de que lo haremos mejor, de que elevaremos el estándar, de que no repetiremos los vicios que durante años criticamos.
Y por eso duele cuando el desempeño es tibio.
Cuando la preparación es insuficiente.
Cuando el espectáculo opaca al trabajo.
Cuando el ruido sustituye al resultado.
No es una crítica desde la rivalidad.
Es una crítica desde la responsabilidad.
Exigir excelencia a mujeres en el poder no es traicionar la causa femenina.
Es protegerla.
Porque la verdadera igualdad no consiste en aplaudir por solidaridad automática.
Consiste en evaluar con el mismo rigor.
Y sí: la paridad abrió la puerta.
Pero la permanencia la define el trabajo.
No se trata de destruir reputaciones, se trata de construir instituciones.
No se trata de desacreditar nombres, se trata de defender el sentido del servicio público.
Las mujeres no luchamos décadas para ocupar cargos y administrarlos con mediocridad.
Luchamos para transformarlos.
El género no es escudo, el género es responsabilidad.
Y si algo merece la ciudadanía —y el propio movimiento de mujeres— es que quienes ocupen esos espacios estén a la altura del momento histórico que representan.
Porque el poder no se hereda, se honra.
Y honrarlo implica algo muy sencillo y muy difícil a la vez: resultados.
No es chisme, es rendición de cuentas.
Cuando escribo, lo hago con hechos.
Cuando señalo, lo hago con sustento.
Cada palabra que utilizo está pensada, medida y analizada.
No me interesa el rumor.
No me interesa el escándalo fácil.
No me interesa la vida privada de nadie.
Si ese fuera el terreno, muchos y muchas tendrían motivos para preocuparse por lo que se dice en voz baja. Pero ese no es mi espacio.
Las vidas personales deben permanecer en la esfera privada.
Y si en algún momento se vuelven públicas, no es porque yo las exponga, sino porque así se han decidido mostrar.
Mi análisis es estrictamente institucional.
Ahora bien, tampoco todas las servidoras públicas son iguales.
Y sería injusto colocar a todas en el mismo plano.
En distintas columnas he reconocido —con claridad y sin titubeos— a mujeres que han abierto brecha con trabajo, preparación y congruencia.
Mujeres como la maestra Silvia Tanús, cuya trayectoria se ha distinguido por consistencia y desempeño técnico.
Como Mónica Díaz de Rivera, referente en la agenda de igualdad y participación política femenina en México.
Como Rocío García Olmedo, una figura históricamente vinculante, capaz de construir puentes y consensos.
Si hablamos de generaciones más jóvenes, ahí está Daniela Mier Bañuelos, impulsando agenda dentro del Congreso del Estado con trabajo constante.
Ahí está Lilia Cedillo Ramírez, cuya vocación ha permitido conducir a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con estabilidad y visión institucional.
Y la maestra Laura Artemisa García Chávez, quien durante su paso por el Congreso destacó por el número de iniciativas presentadas y su productividad legislativa.
Mujeres como ellas son las que Puebla necesita.
Mujeres que entienden que el cargo no es una plataforma personal, sino una responsabilidad histórica.
Por eso, cuando hago observaciones sobre el desempeño de otras figuras públicas, no lo hago desde la agresión. Lo hago desde la comparación legítima de resultados.
Señora Elvia Graciela Palomares: nunca la he agredido ni descalificado y mucho menos le faltado al respeto, como usted se ha cansado de señalar. He mencionado hechos públicos, como su tránsito por distintos partidos políticos, porque forman parte de su trayectoria política.
Nunca he hablado de su vida personal. No me interesa.
Pero de ahora en adelante le prometo que estaré atenta a su labor legislativa. Por mi parte eso es todo.
Y señora Nayeli Salvatori: el respeto no se pierde por la forma de vestir, ni por la imagen que alguien proyecte. El respeto se sostiene con trabajo, congruencia y resultados. Y eso aplica para todas.
La crítica no es misoginia.
La evaluación no es violencia.
La exigencia no es ataque.
Es democracia.
Porque si pedimos espacios, también debemos aceptar la lupa.
Y si ocupamos el poder, debemos estar a la altura de lo que representa.
No más polémica vacía.
No más espectáculo.
Puebla necesita políticas públicas, no protagonismos.
Y eso no es una opinión personal.
Es una exigencia ciudadana.
Dejeme decirle algo más, existen documentos en mi poder que, precisamente por respeto a usted, nunca publiqué.
En noviembre del año pasado, uno de los involucrados volvió a escribirme; para su conocimiento, no respondí.
No por falta de información, sino por respeto al periodismo que represento y a la responsabilidad que implica ejercerlo.
Y para concluir, quiero dejar algo muy claro: mi columna jamás será instrumento de descrédito, chisme o falta de respeto.
Será, sí, un espacio de crítica firme hacia servidores y servidoras públicas que no cumplen con eficiencia la responsabilidad que asumieron. La Ley de Responsabilidades Administrativas es clara: el servicio público debe ejercerse con legalidad, decoro y respeto.
En lo personal, no me interesa si se operan, se inyectan o comparten su vida con quien decidan. La vida privada pertenece a cada quien. Cada persona se coloca donde quiere colocarse.
Si algo celebro es que, por primera vez, vimos una alianza inmediata entre dos mujeres. Ojalá esa fuerza no sea selectiva.
Ojalá esa empatía se utilice también para escuchar a madres buscadoras, a familias de desaparecidos y a los poblanos que llevan meses esperando respuestas.
Porque cuando decidieron meterse en lo personal conmigo, olvidaron algo fundamental: yo no necesito esconderme detrás de nadie. Yo firmo lo que escribo.
Y la diferencia entre ustedes y yo es simple: yo no ataco vidas privadas, yo exijo cuentas públicas.
Bendiciones…
