Por Yasmin Flores Hernández
En un estado como Puebla, donde la violencia de género, las desapariciones forzadas y las agresiones a periodistas forman parte del paisaje cotidiano, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) debería ser un faro de justicia, un escudo para las víctimas y un contrapeso al poder abusivo.
Con un presupuesto anual que ronda los 57 millones de pesos, esta institución autónoma tiene la misión constitucional de investigar violaciones, emitir recomendaciones vinculantes y promover la cultura de los derechos humanos.
Sin embargo, bajo la presidencia de Rosa Isela Sánchez Soya, nombrada en noviembre de 2024 con el respaldo del gobierno estatal de Morena, la CEDH parece haberse convertido en un organismo burocrático, ineficiente y, peor aún, indiferente al sufrimiento real de la ciudadanía.
Sánchez Soya, se presentó como una defensora cercana al pueblo, enfatizando su experiencia en causas sociales como el empoderamiento de madres solteras.
Pero un año después, su gestión ha sido un cúmulo de omisiones, cifras alegres sin sustancia, y una predilección por eventos sociales que contrastan brutalmente con la acumulación de quejas sin resolver.
En 2025, Puebla registraron más de 2,900 desapariciones con un 99.59% de impunidad en casos de mujeres, un feminicidio cada siete días (70% impunes) y ocupó el cuarto lugar nacional en agresiones a periodistas, mayoritariamente por funcionarios públicos.
Ante esta crisis, ¿dónde estuvo la ombudsperson?
No en las trincheras de la justicia, sino en fiestas, comidas protocolarias y evasiones sistemáticas.
Esta columna desmenuza, con datos y testimonios, cómo la CEDH bajo Sánchez Soya ha priorizado la foto sobre la acción; dejando a las víctimas en el abandono.
Déjeme le cuento…
Empecemos con la ineficiencia en números: un organismo que acumula quejas, no soluciones.
Los datos oficiales de la CEDH, presentados en su informe anual de diciembre 2025 y en comparecencias subsiguientes, pintan un panorama desolador.
Durante 2025, el organismo recibió 9,009 solicitudes ciudadanas, de las cuales 8,563 se formalizaron como quejas por presuntas violaciones a derechos humanos.
Estas abarcan desde discriminación laboral y violencia de género hasta abusos policiales y negligencia en servicios públicos como el agua.
Sin embargo, sólo 6,691 se concluyeron, lo que representa un 78% de cierre administrativo es decir, trámites burocráticos que no necesariamente resuelven el fondo del problema.
El golpe más duro: apenas 40 quejas terminaron con una “resolución sustantiva” (0.7% del total), y se emitieron entre 16 y 18 recomendaciones en todo el año.
Estas cifras no son sólo estadísticas frías; reflejan vidas en pausa.
Por ejemplo, en un estado con alto índice de embarazos adolescentes (segundo lugar nacional) y niñas embarazadas (tercero), la CEDH no impulsó campañas visibles ni recomendaciones masivas contra la violencia sexual infantil.
En temas de agua, sólo emitió ocho medidas cautelares contra Concesiones Integrales (Agua de Puebla), pese a quejas masivas por cortes arbitrarios y violaciones al derecho humano al agua.
Sánchez Soya defiende estos números argumentando que prioriza “conciliaciones rápidas” y que “no es cantidad, sino calidad”, como lo reiteró en entrevistas y comparecencias.
Pero críticos como el rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, Alejandro Guevara Sanginés, la tildan de “inexistente”, cuestionando cómo un presupuesto millonario se traduce en tan poco impacto.
Además, la rendición de cuentas ha sido evasiva.
En diciembre 2025, canceló sin explicación una comparecencia ante el Congreso, optando por entregar un informe escrito.
En enero 2026, durante otra sesión, leyó respuestas preparadas de un “acordeón” y evadió a la prensa al finalizar, huyendo literalmente de micrófonos.
Esta opacidad alimenta sospechas de parcialidad: su nombramiento fue impulsado por el gobernador Alejandro Armenta, y su hija, Alexa Espidio Sánchez, generando acusaciones de nepotismo.
A todo esto, ¿Dónde quedan los trabajadores?
Sin duda alguna los trabajadores de la CEDH, son quienes sostienen a esta institución abandonada.
En medio de esta gestión cuestionada, hay un grupo que merece reconocimiento expreso: los trabajadores y trabajadoras de la CEDH Puebla.
Pese a las condiciones precarias instalaciones antiguas con olor a humedad, falta de equipo básico, poco personal y recursos insuficientes, ellos siguen atendiendo a la ciudadanía con profesionalismo y dignidad.
Son quienes reciben las quejas, escuchan a las víctimas, redactan informes, visitan dependencias y tratan de dar seguimiento en un entorno donde la dirección no les proporciona las herramientas ni el respaldo que merecen.
Muchos de estos empleados han reportado malos tratos, presión y un ambiente laboral que desmotiva, pero aun así continúan haciendo lo mejor posible: acompañando a personas en situación de vulnerabilidad, documentando violaciones y manteniendo viva la esencia de lo que debería ser una comisión de derechos humanos.
Ellos no son responsables de las fiestas, las evasiones ni de la baja productividad institucional; al contrario, son quienes intentan compensar con esfuerzo humano lo que la presidencia no logra con liderazgo.
Su compromiso es lo único que evita que la CEDH colapse por completo, y eso debe reconocerse con claridad: la dignidad y el trabajo honesto están en el personal de base, no en la titular.
Omisiones graves: la falta de empatía con las víctimas reales
La ineficiencia se agrava con omisiones que rayan en la indiferencia. Sánchez Soya no promovió una acción de inconstitucionalidad contra la controvertida “Ley de Ciberasedio” (o “Ley Mordaza”), pese a alertas de organizaciones como Article 19 sobre su impacto en la libertad de expresión y periodistas.
En un estado donde las agresiones a la prensa son endémicas, la CEDH guardó silencio cómplice.
Similarmente, ante casos como el asesinato de la abogada Liliana Gabriela Sánchez en Tecamachalco (julio 2025) o abusos en centros como El Batán, solo solicitó informes vagos sin seguimiento público.
Víctimas vulnerables sufren más: una adolescente indígena no pudo denunciar por falta de traductor en la CEDH, y familias de desaparecidas claman justicia en un contexto de impunidad abrumadora.
Diputadas como Delfina Pozos Vergara (PRI) han acusado a Sánchez Soya de “omisiones y baja participación en la defensa de derechos”, destacando que la CEDH ha perdido su rol como órgano autónomo y se percibe como una “oficina de trámites”.
Luana Amador Vallejo (PAN) la instó a “ponerse a trabajar” y dejar las “estadísticas reales” de lado, ya que “la ineficiencia ha dejado desprotegidas a muchas mujeres”.
En redes, la indignación es palpable. Usuarios la llaman “ombudsperson ausente”, criticando su omisión en violencia contra niñas y periodistas.
Analistas como Carlos Clemente en AnalisisTV la describen como un “cascarón vacío” que “vive para la foto”, cobrando hasta 127,000 pesos brutos mensuales mientras el 99.3% de quejas queda sin fondo.
La prioridad por lo banal: fiestas, fotos y evasiones
Mientras las víctimas esperan, Sánchez Soya brilla en eventos sociales.
En julio 2025, asistió a un festejo de cumpleaños en el salón del Congreso: globos morados y plateados, letrero “Feliz Cumpleaños” y en otra ocasión se le vio muu feliz en la llamada fiesta del sombrero.
Evadió a la prensa diciendo: “Mejor disfruto primero y después les doy la entrevista”.
Ese mismo mes, fue invitada de honor a la comida de Canirac en honor al Chile en Nogada, llevando fotógrafa oficial de la CEDH para documentar su “degustación social”.
En diciembre, presidió un “Día del suéter navideño” que sirvió de excusa para cancelar otra comparecencia.
Su propio cumpleaños en agosto 2025 recibió felicitaciones públicas de aliados como la BUAP y El Colegio de Puebla, con fotos y mensajes en redes.
Estos episodios, viralizados en X con memes y hashtags, contrastan con tragedias ignoradas.
En redes sociales se viralizan mensajes como: “Anteponer su vida social y banalizar los DDHH merma la confianza ciudadana” la acusan de prepotencia, recordando cómo en una fiesta rechazó entrevistas y tildó a la prensa de “mentirosa”.
Voces críticas: un consenso contra la inacción
Las críticas trascienden partidos.
La oposición (PAN, PRI) exige su renuncia, argumentando que la CEDH es un “florero político” al servicio del poder.
Incluso diputadas verdes como Katia Sánchez cuestionan su efectividad. Sociedad civil y academia, como Article 19 y la Ibero, advierten un “retroceso” en derechos humanos.
En febrero 2026, el Congreso descartó removerla, pero la presión crece.
Rosa Isela Sánchez Soya prometió “cercanía ciudadana”, pero entregó indiferencia.
Los derechos humanos no son para fotos en chiles en nogada ni evasiones en comparecencias; son para proteger a las vulnerables, confrontar al poder y resolver quejas con empatía.
Puebla no puede permitirse una CEDH muda y festiva. Urge que el Congreso la evalúe, impulse su remoción o, al menos, exija mas requisitos para los titulares.
¿Cuándo dejará la ombudsperson las fiestas y se pondrá del lado de las víctimas?
Porque mientras Rosa Isela Sánchez Soya degusta chiles en nogada con fotógrafa oficial, brinda en cumpleaños ajenos con recursos públicos y preside “días del suéter navideño” para evitar rendir cuentas, hay madres que siguen buscando a sus hijas en fosas clandestinas, periodistas que reciben amenazas diarias, mujeres que son violentadas y niñas indígenas que ni siquiera pueden denunciar porque no hay quien las escuche en su lengua.
El poder, bajo la lupa, revela una verdad incómoda: el cambio no vendrá de quien prefiere la foto a la justicia, ni de quien cobra más de cien mil pesos al mes por ser invisible cuando más se le necesita.
El cambio lo tendremos que exigir nosotros.
Las víctimas no pueden esperar a que la ombudsperson decida bajar del estrado social y entrar al terreno del dolor real.
Ya no hay tiempo para más evasiones, más sonrisas protocolarias ni más excusas disfrazadas de “conciliación”.
Puebla no merece una Comisión de Derechos Humanos que funcione solo para quien la preside.
Merece una presidenta que apoye a las víctimas, que se indigne con ellas y que trabaje por ellas, no que las use como pretexto mientras vive en la fiesta permanente del poder.
Si no lo exigimos hoy, mañana será otra madre llorando, otra periodista silenciada, otra niña desaparecida.
Y la pregunta seguirá siendo la misma, cada vez más urgente:
¿Cuándo, Rosa Isela?
¿Cuándo vas a dejar las fiestas… y vas a empezar a hacer tu trabajo?
Que esta columna no sea sólo una crítica más.
Que sea el inicio de la exigencia colectiva que Puebla lleva meses esperando.
Porque las víctimas ya no pueden más.
Y nosotros, como sociedad, ya no deberíamos permitirlo.
