Por Alejandro Mondragón
En la primera reunión con medios, el gobernador Alejandro Armenta Mier dejó muy en claro que después de su primer año de gestión, su administración estaba consolidada.
Armenta tuvo en el ya lejano pasado una formación con el grupo marinista, de la cual se desvinculó para sumarse a Morena.
Desde el Senado forjó un nuevo grupo cercano a su trayecto para convertirse en gobernador de Puebla.
El asunto ahora es que este grupo acabe como el bartlismo, melquiadismo, marinismo, morenovallismo y barbosismo, en el ostracismo y apestado, como ocurrió al final de sus sexenios.
Hay que aprender que los gobiernos estatales duran seis años y no doce o 18 años.
Cuando los grupos se transforman en “burbujas de poder”, donde se extienda alfombra roja al monarca y pulululan más los bufones que autocríticos, nada bueno se puede esperar para Puebla. Lo hemos visto en el pasado.
En el tablero del ajedrez armentista, el gobernador ya colocó a sus más cercanos en las posiciones de poder.
Su gabinete se renueva en lo operacional, pero no en lo estructural.
El problema viene de fuera. Hoy no existe un Congreso del Estado ni un Poder Judicial de contrapeso.
La fiscal Idamis Pastor, durante la glosa del Primer Informe, se presentó más como parte del gabinete que una autoridad autónoma. Más que penoso.
Al interior del grupo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Alejandro Espidio, es un buen chiste, después del saqueo cometido por barbosistas. Prevalece la impunidad y cero señalamientos de corrupción.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla con Rosa Isela Sánchez Soya es otra vergüenza de exhibicionismo en redes sociales.
Los ombusperson no son administrativos ni decorativos, constituyen contrapesos morales y sociales.
Cuando su actuación se percibe más alineada al poder político que a la atención ciudadana efectiva, se rompe la confianza y se profundiza la desconexión social, dicen los expertos.
El último punto que faltaba por consolidar para el armentismo era la Auditoría Superior del Estado.
La designación de Germán Reyna y Herrero se realizó mediante un proceso formal, con evaluación técnica y respaldo legislativo mayoritario. Su perfil académico y profesional es sólido.
Sin embargo, el punto central no es personal, sino institucional: Reyna y Herrero fue asesor del gobernador durante su etapa como senador, lo que lo inserta dentro de la misma red de confianza que hoy gobierna el estado.
Cuando la fiscalización, al igual que la ejecución, la operación política, el control interno y los organismos de contrapeso, quedan dentro de un mismo circuito político, el poder deja de ser corregido desde fuera y comienza a evaluarse desde sí mismo.
Esto no implica ilegalidad, pero sí reduce la distancia crítica necesaria para una rendición de cuentas efectiva.
Y todos a callar y obededer.
