A menos de una semana de que concluya el sexenio, el gobernador Mario Marín ordenó el desalojo violento de ejidatarios de Santa María Tonanzintla. Esto luego que ayer establecieron un campamento con tractores, vacas y casas improvisadas de cartón y lámina, a la entrada del fraccionamiento residencial la Vista Country Club.
Los ejidatarios acusaron a Marín Torres y al ex candidato priista a la alcaldía poblana, Mario Montero Serrano, de falsificar documentos y escrituras para despojarlos de las 144 hectáreas, donde están edificadas las viviendas más lujosas de la capital y campos de golf.
Desde las diez de la mañana los campesinos llegaron a la zona jalando vacas, unos a bordo de camionetas y otros más a pie, generando caos vehicular en la Vía Atlixcáyotl, vialidad que estuvo cerrada toda la mañana.
Mario Enrique Cuatle Arroyo, líder de los ejidatarios dijo que en 2008 Marín Torres les prometió pagarles los predios, aunque nunca les manejó el precio por metro cuadrado, “pero ahora no queremos que nos paguen, venimos a la restitución de las tierras, aquí nos quedamos”.
Tras un intento fallido de funcionarios menores de la Secretaría de Gobernación (Segob), por llevar a una comisión de ejidatarios a Casa Aguayo, sede del Poder Estatal para una negociación, llegaron células de granaderos de la Policía Metropolitana.
Cerca de la una de la tarde, el desalojo comenzó tras la segunda negativa de los ejidatarios, quienes le advirtieron al subsecretario de Seguridad Pública, Adolfo Karam Beltrán, que no se iban hasta que llegara Marín a hablar con ellos.
Después, se escuchó una detonación, eran las bombas de gas lacrimógeno que avanzaban junto con los uniformados hacia la entrada del fraccionamiento, mientras los campesinos retrocedían entre gritos y consignas.
El pánico los invadió cuando los uniformados con escudo y macana en mano, continuaban su marcha. Sólo un par de personas mayores decidieron embestir a los granaderos, cayendo al suelo tras un empujón.
Los ejidatarios se retiraron para evitar más agresiones, dijeron; aunque amenazaron con plantarse nuevamente frente al fraccionamiento, cuyas tierras aseguran les pertenecen y tarde o temprano recuperarán debido a que tienen interpuesto un recurso ante la Procuraduría Agraria.