Por Valentín Varillas
Si la promesa de le presidenta Sheinbaum es real y se toman las medidas necesarias para desmantelar toda la estructura que opera el huachicol fiscal en todo el país, mucha porquería saldrá de Puebla.
El que se hayan hecho públicos algunos nombres y razones sociales involucradas, es apenas la punta del iceberg.
Hay más empresas y personajes de supuesto prestigio en los ámbitos político, empresarial y social del estado, que están metidos de cuerpo entero.
La red de complicidades es enorme.
Están ahí los dueños de importantes corporativos gasolineros y de otros que les venden combustible y que fungen como intermediarios.
Ellos son los que, a través de la altísima demanda y con el interés de bajar sus costos y acrecentar sus ganancias, le dan forma al delito.
De entrada, la utilización de todo tipo de empresas fantasma y la burda complicidad de autoridades aduanales.
Pero además, para “lavar” las ganancias ilícitas, han utilizado un ejército de notarios, contadores, abogados y demás, que ingresen estos recursos al sistema financiero nacional.
¿Cuántos ilustres factureros poblanos no estarán involucrados?
Los mismos que, de la nada, han hecho fortunas instantáneas al amparo de éste y otros delitos.
Los que a cambio de gozar de los privilegios que esto supone, le han vendido su alma a las organizaciones delictivas.
Muy pronto se sabrá.
Algunos de ellos son parte de la escuela nefasta que dejó en el estado el oaxaqueño Sergio Castro, el auténtico gurú de quienes hoy se dan aires de grandeza en los más exclusivos fraccionamientos poblanos.
Que no quepa duda, van a ir por ellos.
Aunque en su día a día hagan alarde de un injustificable exceso de confianza.
Se sienten intocables porque sí, hasta la fecha lo han sido.
Pero en el círculo más cerrado del sistema de procuración de justicia estatal, se jura y perjura que muy pronto ya no lo serán.
La madeja es gruesa y está enredada, pero ya existen los primeros cabos sueltos de dónde agarrarse para desvelar el misterio.
Materia prima hay de sobra para llegar hasta las últimas consecuencias y combatir esta práctica de raíz.
No basta únicamente con anunciar operativos espectaculares y decomisos históricos.
Es urgente cerrar la pinza y transitar de lo mediático a lo jurídico, como dice la presidenta: “caiga quien caiga”.
Lo que se viene.
