Por Yasmín Flores Hernández
La política mexicana, en sus diferentes niveles, se encuentra atravesada por un mal estructural: la impunidad.
Y esto se vuelve en un hilo conductor de corrupción en todas sus formas.
No importa si se habla de un municipio como Cuautlancingo, de un mercado negro en la capital poblana, o de un exsecretario de Seguridad escondido en Paraguay; el denominador común es el mismo: autoridades que saben, pero no actúan; funcionarios que prometen, pero no cumplen; delincuentes que delinquen, pero no pagan.
Hoy vamos a recorrer cuatro escenarios distintos, pero unidos por ese hilo invisible: el primer año de Omar Muñoz Alfaro en Cuautlancingo, el mercado de autopartes robadas en la 46 Poniente de Puebla, Andy y el huachicol fiscal y la caída a medias—de Hernán Bermúdez Requena, alias “El Comandante H”, detenido en Paraguay, pero aún protegido por los vericuetos de la ley.
Empecemos de la esperanza al desencanto
El 15 de octubre de 2024, Omar Muñoz Alfaro tomó protesta como presidente municipal de Cuautlancingo.
Era la oportunidad de demostrar que un nuevo rostro podía transformar un municipio marcado por la inseguridad, la precariedad de servicios y la corrupción heredada.
Pero la esperanza duró poco.
La línea de tiempo a casi cumplir su primer año en el cargo no está marcada por logros, sino por escándalos.
Dejeme le cuento…
Diciembre 2024: Paro de policías
Apenas dos meses después de su llegada, los policías municipales bloquearon calles con patrullas.
¿La causa?
Incumplimiento de pagos, aguinaldos y prestaciones. El municipio que debía dar ejemplo de orden, exhibía caos administrativo.
La seguridad de miles de familias estuvo comprometida por la incapacidad de cumplir algo tan básico como la nómina de quienes deben protegernos.
Pero ahí no paró todo en Marzo 2025, el Nepotismo se descaró.
Las denuncias estallaron: madre, hermanos y familiares directos de Omar Muñoz aparecieron en la nómina del Ayuntamiento.
La alcaldía se convirtió en oficina familiar.
El discurso de “gobierno ciudadano” se derrumbó ante la evidencia de un gobierno patrimonialista.
Y en Mayo de 2025 se vino la crisis del agua.
Las colonias de Cuautlancingo padecieron la peor crisis de agua en años.
Protestas vecinales bloquearon calles, exigieron la destitución de la titular del SOSAPAC y pusieron contra las cuerdas al edil.
El pleito escaló en guerra política contra la exalcaldesa Guadalupe Daniel, acusada de corrupción y aviadores.
El agua, que debía ser un derecho, se convirtió en moneda de cambio política.
Y todo esto produjo que en Julio de 2025; Morena interviniera.
La disputa por el SOSAPAC y el pleito con Guadalupe Daniel se volvió tan áspero que la dirigencia de Morena Puebla tuvo que intervenir.
El llamado fue claro: dejen de pelear y gobiernen. La gobernabilidad del municipio estaba al borde del colapso.
Llego Septiembre de 2025 y llego el colapso del CIS Cuautlancingo.
El Centro Integral de Servicios de Cuautlancingo, inaugurado apenas en 2021, sufrió un colapso parcial en su techo.
Una obra reciente, con vicios ocultos, con falta de supervisión y mantenimiento.
Omar Muñoz se apresuró a culpar a gobiernos pasados, pero los ciudadanos lo señalaron: la responsabilidad actual es suya.
A todo esto se sumó la inseguridad creciente y los reclamos públicos
Si todo esto fuera poco, la inseguridad en Cuautlancingo se disparó.
Robos de autos a mano armada, atracos en transporte público, asaltos en colonias enteras.
La ciudadanía vive con miedo y la policía municipal, debilitada por la crisis laboral y administrativa, luce rebasada.
La diputada Karina Pérez Popocatl hace unos dias fue contundente;: lanzó un llamado público a Omar Muñoz y a la edil de San Pedro Cholula, Tonanzi Fernández: “pónganse a trabajar y generen condiciones para los ciudadanos”.
Un mensaje que sintetiza lo que la gente siente: abandono, hartazgo e inseguridad sin control.
Cuautlancingo se ha convertido en un municipio donde la violencia se mide en cifras que crecen mes con mes y donde la autoridad parece rebasada.
A menos de un año de haber asumido el cargo, el presidente municipal Omar Muñoz Alfaro no puede presumir avances: al contrario, su gestión está marcada por un aumento alarmante en delitos de alto impacto.
El más grave: la desaparición de personas, que bajo su gobierno se disparó en un 47.6%.
Entre octubre de 2024 y mayo de 2025, la Fiscalía General del Estado abrió 31 carpetas de investigación, diez más que en el mismo lapso de la administración anterior.
En promedio, cuatro personas desaparecieron cada mes durante su gestión, con marzo de 2025 como el mes más crítico: siete denuncias en apenas treinta días.
Pero no es el único rubro donde la inseguridad golpea a los habitantes.
La violencia familiar acumula 207 denuncias, el narcomenudeo suma 20 expedientes, y los fraudes llegan a 86 casos.
A esto se agregan 98 carpetas por lesiones dolosas y 12 homicidios dolosos en menos de un año.
El panorama es desolador: un municipio pequeño con cifras de delitos que reflejan una ausencia de estrategia, una policía debilitada y una administración más preocupada por pleitos políticos que por garantizar seguridad.
Lo más curioso o más bien lo más indignante es que, a pesar de estas cifras y de la realidad que vive la gente en las calles, algunos medios insisten en pintar un gobierno con “buenos resultados”, sin objetividad y sin el rigor periodístico que debería prevalecer.
Una narrativa complaciente que raya en el encubrimiento.
Por eso, su servidora decidió ir más allá y hacer lo que la autoridad y ciertos medios no hacen: escuchar a las víctimas.
Hoy presento el testimonio de una persona que fue despojada de sus autopartes en pleno territorio de Cuautlancingo.
Escúchelo usted y saque sus propias conclusiones:
El caso Cuautlancingo no es aislado. Es parte de una red metropolitana de delincuencia que tiene nombre y dirección: la 46 Poniente de Puebla.
Las cifras son contundentes:
• De enero a junio de 2025 se denunciaron 891 robos de autopartes, un aumento del 8.9% respecto al mismo periodo de 2024.
• Los objetos más robados: espejos, rines, defensas, llantas, baterías y computadoras automotrices.
• ¿Dónde terminan?
En los locales de la 46, a plena luz del día, en un mercado negro que todos conocen.
Los operativos anunciados son más retóricos que efectivos. Se clausuran algunos locales por unos días, y pronto vuelven a abrir.
El único gobernador que se atrevió a llamar las cosas por su nombre fue Miguel Barbosa Huerta.
En 2022 habló de expropiar más de 70 locales y bodegas en la 46, llamó a esa zona “nido de rateros” y pidió a los poblanos que no compraran autopartes robadas.
Fue un gesto de voluntad política y jurídica.
Tras su muerte, el tema quedó congelado.
Hoy la 46 sigue activa, con redes que incluso operan por internet para ofrecer piezas robadas.
La omisión de autoridades municipales y estatales perpetúa un círculo vicioso: ciudadanos que pagan fortunas para reponer lo robado, víctimas que encuentran sus propias piezas en venta, delincuentes que gozan de impunidad.
Y hablando de impunidad también alcanza a los más cercanos al poder presidencial.
En agosto de 2025, el panista Federico Döring presentó una denuncia ante la FGR contra Andrés Manuel López Beltrán (Andy), hijo del expresidente, por presuntos vínculos con huachicol fiscal, contrabando de hidrocarburos, delincuencia organizada, lavado de dinero y tráfico de influencias.
El expediente fue turnado a la Fiscalía Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la denuncia como “pura politiquería”, sin pruebas sólidas.
Hasta ahora, no existe una carpeta judicial pública con evidencias firmes que lo incriminen. Lo cierto es que la denuncia está ahí, y con ella la sospecha de que el hijo del presidente pudo ser parte de una red de contrabando que drenaba recursos al país bajo el disfraz del huachicol fiscal.
Este guion nos resulta familiar.
Es el mismo que siguió Hernán Bermúdez Requena: señalamientos graves, órdenes de aprehensión, acusaciones por delincuencia organizada… y aun así la posibilidad de vivir con lujos en el extranjero y de retrasar su extradición.
Dos historias distintas, pero con un mismo denominador: los personajes cercanos al poder, cuando son señalados, cuentan con un blindaje que les permite convertir la justicia en un trámite interminable.
Exsecretario de Seguridad de Tabasco y hombre cercano a Adán Augusto López, Bermúdez no era un funcionario cualquiera: era el encargado de la seguridad en el estado natal del presidente López Obrador.
En febrero de 2025, la FGR emitió orden de aprehensión en su contra por liderar “La Barredora“, un grupo criminal ligado al CJNG.
Pero Bermúdez ya había salido del país.
El 12 de septiembre fue detenido en Paraguay, viviendo desde marzo en una casa de lujo con alberca, jardín y seguridad privada, en un barrio cerrado de Asunción.
Según reveló El País, incluso buscaba instalar una red criminal en ese país.
Pero fiel al guion de la impunidad, Bermúdez rechazó la extradición simplificada. Prefirió un proceso largo, burocrático, que le da margen de maniobra.
Mientras tanto, permanecerá en prisión preventiva, protegido por el mismo sistema legal que debería llevarlo ante la justicia mexicana.
La UIF ya congeló sus cuentas, así como las de familiares y socios, vinculadas a lavado de dinero.
Pero el mensaje es claro: un exsecretario de Seguridad pudo huir, esconderse y seguir operando, mientras la justicia mexicana actuaba tarde y mal.
En conclusión, México es un país atrapado en la impunidad.
Al final, los casos parecen distintos, pero son piezas de un mismo rompecabezas.
En Cuautlancingo, Omar Muñoz Alfaro acumula nepotismo, pleitos políticos, crisis de agua y un repunte en delitos como desapariciones y violencia familiar, mientras la inseguridad crece y los ciudadanos viven con miedo.
En la 46 Poniente, el robo de autopartes alimenta un mercado negro tolerado por autoridades que saben dónde están los delincuentes pero deciden mirar a otro lado.
En Tabasco y Paraguay, Hernán Bermúdez Requena muestra cómo un exsecretario de Seguridad pudo huir, disfrutar del lujo y retrasar su extradición pese a graves acusaciones criminales.
Y en el centro del poder, la sombra alcanza a Andy López Beltrán, denunciado por huachicol fiscal, protegido por la narrativa de “pura politiquería”, en un expediente que se diluye en la burocracia judicial.
Lo que une a Cuautlancingo, a la 46, a Bermúdez y a Andy no son las diferencias en escala, sino la constante de la impunidad.
Un sistema que castiga al ciudadano común pero protege al funcionario, que multiplica trámites para retrasar la justicia y que convierte la corrupción en rutina.
Por eso, la pregunta no es si Omar Muñoz, los vendedores de autopartes, Bermúdez o Andy enfrentarán algún día la justicia.
La verdadera pregunta es:
¿De qué lado están las autoridades en México, del ciudadano o de la impunidad?
Mientras no haya una respuesta clara, el país seguirá atrapado en un ciclo perverso donde el delito se normaliza y la justicia se posterga.
Porque cuando los gobiernos se dedican a excusarse, culpar al pasado o dejar que la burocracia cubra a los delincuentes, el mensaje es brutal: en México, la impunidad sigue siendo la única política de Estado que funciona puntualmente.
Por ello, reitero mi llamado a los presidentes municipales: es momento de trabajar en una estrategia de seguridad real que brinde garantías a los ciudadanos.
En las próximas semanas pondremos bajo la lupa a Puebla capital y a los municipios de la zona metropolitana, justo cuando se cumple un año de gestión. La curva de aprendizaje se agotó; ya no hay margen para culpar al pasado. Es hora de que prioricen lo que tanto señalaron y juzgaron, porque la gente no vive de promesas, vive exigiendo resultado.
