Por Valentín Varillas
Los ministros de la nueva Corte han anunciado con bombo y platillo un recorte a su salario.
De esta manera, faltaba más, deciden cumplir con uno de los mandamientos más importantes y de observancia obligatoria para políticos y funcionarios, a partir de la llegada de la 4T al poder.
Buscan ganarse la confianza y el visto bueno de la sociedad, con una medida que es mucho más de forma que de fondo.
Y es que, en realidad, la tomada de pelo es monumental.
Históricamente, la intención de dedicarse al servicio público se detona no a partir de los sueldos oficiales, sino de las infinitas posibilidades de llevar a cabo millonarios negocios al amparo del poder.
Ese es, invariablemente, el principal y auténtico motivador.
Pero todo parece indicar que el distractor funciona en términos de percepción, cuando el verdadero reto es perfeccionar los mecanismos de control interno para evitar actos de corrupción.
Y nadie habla a fondo de esto.
Y lo peor: nadie se propone llevar a cabo reformas sustanciales en la materia.
Ni siquiera en estos tiempos de supuesto cambio político en el país.
Por eso, en el sexenio anterior vimos fraudes como los de Segalmex y el descarado favoritismo en la entrega de contratos y los monumentales sobrecostos en el desarrollo de megaproyectos como el Tren Maya, el AIFA o la refinería de Dos Bocas.
También la enorme colusión de autoridades civiles y militares en el negocio del huachicol fiscal.
Tuvimos una UIF que no quiso ver cómo, en sus narices, instituciones financieras, servidores públicos y empresarios lavaron dinero de los cárteles de la droga con total impunidad.
Y así, en este tenor, cientos de historias más.
En el caso de los flamantes ministros, jueces y magistrados, el reto será romper con aquel estigma ganado a pulso por sus antecesores y que establece que el acceso a la justicia en el país se ciñe exclusivamente a quienes tienen el dinero para comprarla.
Según los cálculos más conservadores de quienes se dan a la tarea de darle forma a estos indicadores, la corrupción en México tiene un impacto directo en más del 5% del Producto Interno Bruto Nacional.
Algo así como 500 mil millones de pesos anuales.
Nada que ver con los magros e insignificantes ahorros que pudieran generarse con esta gran farsa que supone la baja generalizada de sueldos y salarios.
