Por Valentín Varillas
En el primer trimestre del año, el gobierno federal gastó 7.9% menos en materia de salud pública, comparado con el mismo período del 2024.
Se trata del mayor recorte en este sector desde el 2022.
En este contexto, en el 2025, este sector que en el discurso se considera como de altísima prioridad, tendrá 122 mil millones menos para invertir.
De esta forma, se verán afectados la Secretaría de Salud, el IMSS-Bienestar, el ISSSTE, los Institutos Nacionales de Salud y demás.
El presupuesto para hospitales regionales de alta especialidad es el más castigado, con cerca de 9 mil millones de pesos.
Menos recursos para productos farmacéuticos, material médico y de laboratorio, en un contexto de desabasto monumental.
En contraste, el presupuesto proyectado para programas de subsidios del gobierno alcanzará un máximo histórico.
Se repartirán 1.1 billones de pesos; un aumento de 24 mil 700 millones con respecto al año pasado.
Este rubro, el de la entrega de dinero en efectivo a grupos vulnerables de la sociedad, sigue siendo la columna vertebral de la política social de los llamados gobiernos de la 4T.
Una estrategia muy aplaudida por los beneficiarios y sin duda ha mejorado el ingreso promedio de las clases más desfavorecidas económicamente en el país.
También, hay que decirlo, ha sido en los hechos una importante fuente de votos para el oficialismo, elección tras elección.
Mantenerla, sin embargo, ha generado una reorientación del gasto público que le pega de lleno no sólo a la calidad de los servicios públicos de salud, sino el acceso a los mismos.
La brecha es cada vez mayor.
Sobre todo con los millones que se sostienen de la economía informal y que no cuentan con seguridad social.
Una población con más dinero para gastar pero cuya salud va minando de manera consistente año con año.
Ese es el panorama para los años que vienen.
Esas, también, las prioridades en materia de gasto público.
¿Valdrá la pena?
