Por Valentín Varillas
El INE multó a Morena con 21 millones de pesos por irregularidades cometidas en la pasada elección judicial.
Migajas, comparados con los más de 7 mil millones que costó el proceso.
Nada, si tomamos en cuenta que ese gasto aniquila cualquier contrapeso potencialmente efectivo que pudiera impedir excesos por parte del ejecutivo.
Eso, para el oficialismo, hoy vale todo.
Y es que, a partir de la forma en la cual impusieron a quienes a partir de ahora administrarán justicia, ya van por la libre.
Podrán hacer y deshacer a placer.
Con todo lo que esto implica.
No hay límites.
En este contexto y con el antecedente de haber validado la votación, la lectura simple podría indicar que desde lo más alto del poder político están conformes con la actuación del órgano electoral.
No es así.
El reconocimiento público de que el desarrollo del proceso no fue tan limpio y ejemplar como se ha vendido en la narrativa oficial, ha terminado condenando al Instituto a su desaparición.
La propia presidenta firmó su sentencia de muerte en la mañanera del martes, cuando anunció que enviaría al legislativo una iniciativa que contempla una reingeniería radical en la manera en la cual elegimos a nuestros gobernantes y representantes populares.
Esta, aunque se jure a los cuatro vientos que no, podría vulnerar en los hechos la autonomía del INE y favorecer una mayor injerencia del gobierno en la organización, el desarrollo y la calificación de las elecciones.
Ahogarlo presupuestalmente para amarrarle las manos y delimitar sus funciones, es una manera muy efectiva de infiltrarlo.
Parece que por ahí va la cosa.
Por décadas, se ha reconocido desde todos los frentes políticos que el mayor avance en el establecimiento de la democracia mexicana fue la ciudadanización de los organismos electorales.
No ha sido fácil.
Hemos destinado miles de millones de pesos de nuestros impuestos para lograr el perfeccionamiento sistemático de todo el entramado jurídico y operativo necesario para que las votaciones sean cada vez más transparentes, legítimas, pero sobre todo creíbles y confiables.
Cualquier modificación legal que altere lo anterior, supondría un peligroso regreso a aquellos tiempos del régimen de partido único, en donde la concentración absoluta del poder era criticada sistemáticamente y desde su papel de opositores, por los que ahora nos gobiernan.
Corren el riesgo, otra vez, de convertirse en lo que tanto repudiaron.
Llegó la hora de la congruencia; de empatar el decir con el hacer.
A ver si están a la altura.
