Por Valentín Varillas
En tiempos de Rafael Moreno Valle, se anunciaron con bombo y platillo proyectos para construir “puentes estructurales”, como solución al problema de tráfico vehicular en algunas vialidades complicadas en la capital.
Así se diseñaron y como tales, se pagaron con el dinero público estatal.
Sin embargo, de “estructurales” no tenían nada.
En realidad, su sistema de tirantes tuvo únicamente una funcionalidad estética y no estructural.
Alrededor de su construcción hubo falacias, engaños, medias verdades y sobre todo, mucha corrupción.
Ha quedado claro que lo que se vendió en el discurso y lo que se ejerció en el gasto público, no corresponde a los proyectos ejecutados.
El ejemplo más revelador de este muy lucrativo esquema de vender “gato por liebre” es el puente Carlos Camacho Espíritu.
Bajo la falsa premisa de ser estructural, su costo fue de $337.7 millones de pesos, es decir, 2.3 veces más que otros puentes no estructurales construidos en el mismo tiempo en el municipio de Puebla.
Negociazo.
Además de lo anterior, la entonces Secretaría de Infraestructura decidió no llevar a cabo licitación alguna, no respetando las etapas previstas por la ley para la adjudicación de este tipo de proyectos.
Las empresa GH Anderl Consulting and Construction SA de CV fue la beneficiada.
Esto, a pesar de que el artículo 43 de la Ley de Obra Pública y Servicios establece que las adjudicaciones directas se justifican únicamente cuando “peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la seguridad pública o el ambiente de alguna zona o región del estado, como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales”.
La Secretaría de Infraestructura validó un proyecto inexistente, autorizó el pago de este supuesto proyecto sin que, lógicamente, se hubiera entregado y le entregó 264 millones de pesos a la empresa, es decir, el 96% del total contratado, sin que existiera siquiera el proyecto ejecutivo.
De locos.
Por si fuera poco, de acuerdo con el currículo presentado por la propia empresa, como requisito para participar en esta ventajosa “invitación”, se concluye que no contaba siquiera con el perfil técnico requerido para llevar a cabo este tipo de obra.
En este contexto, es evidente que en la realización de este proyecto de infraestructura, no se cumplieron, ni de cerca, los criterios de legalidad y honestidad mínimos considerados en la ley.
Es más, en su momento, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) emitió un dictamen técnico que corrobora, de manera técnica y presupuestal, todo lo anterior.
Un robo al despoblado.
Los cimientos de la supuesta Puebla moderna se hicieron vendiendo espejitos pero sobre todo, saqueando descaradamente las arcas públicas del estado.
Un auténtico castillo de naipes que ha ido cayendo, poco a poco, con el simple paso del tiempo.
