Por Valentín Varillas
Los políticos de muy viejo cuño comentan entre ellos que, cuando a ellos les tocó “servir” a México, los acuerdos con las organizaciones delictivas eran muy sencillos.
Un funcionario de altísimo rango de la vida castrense nacional se hacía acompañar de algún otro de carácter civil -pero de idéntica jerarquía- , para encabezar reuniones con los capos más importantes de esa época.
Con un mapa del territorio nacional, se repartían el país en función de las zonas de influencia y la especialización de cada uno de los cárteles.
Nadie podía invadir la esfera de operación de ningún otro y los pactos se respetaban a cabalidad.
A cambio, las organizaciones delictivas pagaban para garantizar impunidad.
Hace casi cinco décadas, la actividad de siembra y trasiego de drogas empezaba a ser considerada ya como una actividad sumamente lucrativa.
El país, por su realidad geográfica, era el intermediario ideal para ingresar a los Estados Unidos las miles de toneladas de estupefacientes que tenían como origen Colombia.
Pero a la par, aquí, ya se empezaba a copiar y a mejorar el modelo de negocio que tenía como objetivo aumentar la producción de tal manera que pudieran quedarse con una rebanada cada vez mayor del enorme pastel que significaba la creciente demanda de todo tipo de drogas en todos los niveles de la sociedad americana.
Al ver el crecimiento exponencial del negocio, la avaricia de las autoridades mexicanas, en todos los niveles, los llevó a convertirse en socios de las organizaciones delictivas.
Una sociedad que duraba los años que contemplaba el mandato y que se heredaba a los sucesores como si se tratara de una millonaria franquicia.
Y entonces quisieron más y más, haciendo trizas los pactos.
Hubo otros que quisieron extender la sociedad más allá de su vida política, por lo que dividieron el organigrama de las tradicionales organizaciones delictivas y se formaron cientos de otras nuevas.
Y por lo mismo, incontrolables.
Así, empezó también la constante e imparable infiltración de criminales en las instituciones públicas del Estado mexicano.
También, la generación de toda una estructura encaminada a blanquear el dinero obtenido por estas actividades ilícitas.
Se pervirtieron sectores como el inmobiliario, el de la construcción, el de bares y restaurantes, además de otros que sería larguísimo enumerar.
Todo esto de la mano de notarios, abogados, jueces, contadores y demás, que se dedicaron a trabajar casi exclusivamente para los cárteles, encargándose de todo el entramado legal y jurídico para “legalizar” su instalación y operaciones.
Hasta la fecha, lo hacen con absoluta impunidad.
Imposible eliminarlos de un plumazo.
Como la humedad, se han extendido a placer, contaminando y ensuciándolo todo.
Con todo y la amenaza de los aranceles, o bien de la intervención armada de nuestros vecinos del norte, por cierto, cómplices absolutos de toda esta realidad.
La droga mexicana cubre una necesidad imperativa en la funcionalidad de la sociedad americana.
Por eso, del otro lado de la frontera no combaten la distribución interna y la droga llega impunemente hasta los rincones de menor accesibilidad en todo su territorio.
La DEA, el FBI y demás instancias oficiales, operan a conveniencia de un negocio que ha sido muy rentable para ellos también.
De ahí, que sean tan selectivos al definir sus convenencieras detenciones.
Su tramposo etiquetado de “buenos” y “malos” se hace de acuerdo a la potencial rentabilidad de una coyuntura política específica, no del interés de combatir el delito de raíz.
Hacen el trabajo sucio sin mancharse.
Ayer fueron García Luna y el general Cienfuegos; pero puede ser cualquiera.
Hoy, mañana o cuando sea, más allá de colores, partidos o ideologías en el ejercicio de gobierno, todos, absolutamente todos son un objetivo potencial.
Nadie se salva: en pasado, presente y hasta en futuro.
