Por Valentín Varillas
Convertir en hechos concretos la voluntad del pueblo, requiere de mucho, muchísimo dinero.
Más de 8 mil millones de pesos fueron necesarios para organizar y llevar a buen puerto el proceso electoral del pasado 2 de junio, el más grande en la historia del país.
No es barato capacitar ciudadanos para fungir como funcionarios en las más de 170 mil casillas instaladas en todo el territorio nacional.
Tampoco cuesta poco (580 mdp) la impresión de 312 millones de boletas que cuenten con todas, absolutamente todas las medidas de seguridad que eviten que sean falsificadas o clonadas.
Igualmente requieren de recursos, todos los procedimientos y protocolos encaminados a dar certezas en términos de los resultados.
Diseñar y echar a andar un Programa de Resultados Electorales Preliminares y un Conteo Rápido que permita tener cifras confiables en el menor tiempo posible, resulta fundamental para la credibilidad del proceso.
Todo esto lo saben de sobra los partidos políticos, cuyos representantes ante el INE se metieron de lleno en el análisis de costos y en la organización de la elección.
También, por supuesto, quienes resultaron ganadores de la contienda.
Empezando por la hoy presidenta Claudia Sheinbaum.
En este contexto, resulta increíble que la propia jefa del ejecutivo federal, además de los principales liderazgos del partido en el poder, se digan sorprendidos y se muestren hasta indignados, de los cerca de 13 mil millones de pesos que va a costar el que jueces, magistrados y ministros, sean electos a través del voto popular.
Peor atentado a la inteligencia más elemental, que no hayan considerado el tema del dinero al momento de aprobar la tristemente célebre Reforma Judicial.
¿Qué esperaban?
Para 2025, serán casi 11 mil los abanderados, para ocupar uno de los cerca de mil 500 cargos que estarán en juego.
Los ciudadanos deberemos elegir entre 81 personas para ocupar los nueve puestos de la Suprema Corte, entre 18 candidatos para elegir 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral y entre 90 personas para elegir a los 15 magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral Federal.
También, habrá que elegir a la todos los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, el que sustituye al Consejo de la Judicatura Federal, además de la mitad de las magistradas y los magistrados, juezas y jueces de distrito.
Para esto, quienes acudan a las urnas tendrán que elegir a 5 de 45 candidatos al Tribunal de Disciplina.
A más de 800 jueces y magistrados, de un total de casi 5 mil candidatos y de entre cerca de 11 mil abanderados para definir quiénes ocuparán los más de mil 500 “cargos nuevos” que supone la Reforma.
Una auténtica locura.
Más allá de los inevitables acarreados y paleros ¿qué porcentaje de los auténticos ciudadanos querrá dedicarle el tiempo necesario para decidir entre semejante oferta?
Una monstruosa lista de nombres de personas y de perfiles que en los hechos resulta imposible conocer y analizar.
Por todo esto, será necesario diseñar una nueva referencia geográfica que incluya los 300 distritos electorales y los 32 circuitos judiciales del país.
Quiero pensar que, si de verdad quieren que la voluntad del pueblo -siempre bueno y sabio- se cumpla, hasta los más férreos defensores de esta modificación constitucional estarán de acuerdo en que hay que darle credibilidad y confianza a la elección.
Que se tienen que seguir los mismos protocolos que se aplicaron el pasado 2 de junio, para que los votos cuenten y se cuenten de manera adecuada.
Que lo peor que podría pasarle al país es que, el tufo del fraude, la manipulación y la imposición, contaminen este supuesto triunfo de las mayorías.
Y como ya vimos: nada es gratis.
La democracia cuesta y mucho.
Sobre todo, en un contexto de incertidumbre financiera como el que reinará en el país durante todo el 2025.
No se miden las consecuencias de semejantes ocurrencias hasta que de plano, duelen en la cartera.
¿Verdad?
