Karina Fernández |
La próxima semana, el Congreso de Puebla elegirá al nuevo titular de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) tras haber finalizado las comparecencias de los 12 aspirantes a presidir dicho organismo autónomo.
Ayer desfilaron los últimos cuatro finalistas: Félix Ramos Montaño Mónica Roldán, Rosa Isela Sánchez Soya y Luis Soriano Peregrina.
El primero propuso a los diputados la creación y apertura de oficinas en los 217 municipios poblanos para dar solución inmediata a los conflictos e incluso capacitar a las entidades con más quejas ciudadanas por violaciones a derechos humanos.
“La propuesta es crear comités de derechos humanos en cada municipio del estado que involucren a delegados y representantes de dependencias y entidades del municipio para dar solución inmediata a los conflictos”.
Negó que su hermano Francisco Ramos Montaño intervenga para convertirse en el próximo ombudsman poblano; asimismo, rechazó representar algún partido político o tener afinidad con alguna institución.
Lo mismo refirió Rosa Isela Sánchez Soya, cuya hija, Alexa Espidio, es diputada suplente. Dijo que no tiene vínculo alguno con el gobernador electo Alejandro Armenta Mier, por lo que no está detrás de su postulación.
En su comparecencia, la activista Mónica Roldán señaló que el actual presidente Félix Cerezo Vélez se aumentó un 50 por ciento su sueldo, siendo el sexto ombudsman del país con el mejor ingreso, a pesar de que la Comisión que preside es cuarto lugar nacional en violaciones a derechos humanos.
En este sentido, dijo que de ser elegida como presidenta se reducirá en un 30 por ciento el sueldo, para cambiar el rostro de un organismo que se encuentra en mal estado.
“Como participante, y si soy elegida, de inicio me bajaré 30 por ciento el sueldo estipulado, que Félix Cerezo se incrementó en más del 50 por ciento del salario estando en el proceso”.
Finalmente, Luis Soriano Peregrina propuso fomentar la cultura de los derechos humanos. Mencionó su experiencia en la administración pública y trabajo en el ámbito social.
Consideró que haber elegido anteriormente a perfiles ajenos a los derechos humanos ha representado un costo a los gobiernos quienes han tenido que atender los asuntos que se presentaron por falta de capacidad.
