Por Valentín Varillas
Exige Francisco Castillo Montemayor que se le haga justicia en el caso del proceso legal que enfrentó en los tiempos de Rafael Moreno Valle.
La misma justicia que tendría que haberlo llamado a cuentas, en su paso por el servicio público, por otros temas que están ausentes en el expediente de marras.
Uno de ellos, el control absoluto del negocio de los verificentros, en su paso por la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno estatal.
Ahí, de la mano del subsecretario Juan Carlos Fernández Jasso, de Jorge Alberto Sánchez González, Subdirector de Verificación Vehicular y de Martín Hernández López, como Jefe del Departamento de Centros de Verificación Vehicular, operaron varios centros de verificación a través de prestanombres.
Ejemplos: el F007, F014, F005, F064 y el F019.
También el F015, que estaba a nombre de la media hermana Sánchez González y el del municipio de Zacapoaxtla, que estaba a nombre de Alonso Ordoñez, padre de un funcionario de aquella dependencia, de idéntico nombre y por supuesto, incondicional de Castillo Montemayor.
La “gestión” para la entrega de concesiones para el manejo de centros de verificación fue otra de las fuentes importantes de ingresos para esta mafia.
De a 500 mil cada una, nada más.
La tolerancia y fomento a los “talamontes”, también fue uno de los sellos personales que le dio a su gestión Castillo Montemayor.
La protección institucional a la tala clandestina fue de tal magnitud, que el entonces delegado de Profepa Rubén Pedro Rodríguez Torres, declaró públicamente que los miembros de las bandas dedicadas a este delito, detenidos en los operativos conjuntos, salían libres porque la dependencia poblana se negaba a ratificar las denuncias correspondientes.
Es decir, se hacía lo más difícil y se incumplía con un proceso muy importante, pero que operativamente resulta en los hechos de rutina.
El cinismo era monumental.
Y es que, mientras los grandes depredadores de bosques operaban con absoluta impunidad, indígenas que transportaban pequeñas cantidades de leña para su autoconsumo, eran detenidos y exhibidos como criminales ante la opinión pública y publicada.
Además, se traficaba con toda impunidad con permisos apócrifos para la tala, sobre todo en la región del Ixta-Popo.
Negocios redondos que significaban millones de pesos mensuales de ingresos.
Todo por fuera y al margen del ojo revisor de los órganos de control interno de la administración pública estatal.
“Justicia”- pide a gritos el ex funcionario estatal.
¿Dónde estaría hoy, si en su momento le hubiera caído todo su peso? – tal y como debería de haber ocurrido en su momento.
