Por Valentín Varillas
El congreso local, por fin ha decidido dejar aplazar, como lo venía haciendo desde hace varios años, la discusión sobre modificaciones de ley que despenalicen la interrupción del embarazo.
De esta manera, criterios de moral privada dejarán de convertirse en leyes de observancia obligatoria para todos, independientemente de principios, credos e ideologías.
Históricamente, la doble moral y la hipocresía se habían impuesto, tendiendo un espeso velo que impedía que el asunto se analizara como un problema de salud pública.
Según cifras oficiales, el aborto inseguro es la tercera causa de muerte materna en México.
Esta realidad, por sí sola, debería de ser suficiente para justificar, el ajuste legislativo que modifica la norma vigente para adecuarla a la cruda realidad en la materia.
Además, de acuerdo con el Sistema de Interrupción Legal del Embarazo de la Ciudad de México, en los últimos doce años, más de 1,600 poblanas han acudido a la capital del país para proceder a una interrupción legal del embarazo, a través de hospitales y clínicas que operan bajo las normas y supervisión del Sector Salud.
A pesar de las políticas de abstinencia, que los sectores más radicales han tratado de promover como alternativa única para disminuir el número de mujeres que abortan, los números reflejan el aumento constante de casos de embarazos no deseados en el estado y la muerte fetal apunta a que se sigue recurriendo a clínicas que operan de manera clandestina en la entidad.
Curiosamente, estos sectores son los que de manera rabiosa se han opuesto a que niños y jóvenes reciban en las escuelas una educación sexual abierta y sin ambigüedades, elemento que ha probado su eficacia en la disminución de estos casos y en la incidencia de enfermedades de transmisión sexual.
Para ellos, interrumpir un embarazo es un crimen, pero no lo es el fomentar la ignorancia entre los sectores sociales más vulnerables.
Esos que, sobre todo en comunidades rurales, se enfrentan también a un férreo poder eclesiástico y a una formación familiar machista, supersticiosa y llena de prejuicios.
El dogma y la cerrazón les impiden ver que, a pesar de los esfuerzos que por años se han llevado a cabo en el ámbito público y privado, el 8.3% del total de los casos de muerte materna en México se debe a la práctica de abortos clandestinos.
Los datos duros, les guste o no, arrojan que las mujeres en el país siguen abortando y el hecho de que anteriormente se tratara de un acto penado por la ley, nunca disminuido los niveles incidencia.
Vale la pena destacar que, en los últimos diescisiete años, en la Ciudad de México han reducido en un 80% las emergencias médicas producto de abortos y ni una sola mujer ha muerto en ese período de tiempo por someterse a un proceso de interrucpión del embarazo.
Datos duros, indicadores contundentes que justifican el que los diputados poblanos por fin decidieron entrarle de lleno a un tema que venía postergándose por cuestiones de tipo político.
Ya lo hicieron.
El costo de no haberlo hecho, pronto hubiera sido mucho mayor.
