Por Alejandro Mondragón
Cuánta razón tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre lo podrído que hiede el poder judicial federal.
Jueces y juezas no sólo se coluden con políticos, sino con empresarios, para torcer lo legal y proteger intereses, a cambio de prebendas.
En la larga batalla legal que ha enfrentado Héctor Montiel García contra la mafia inmobiliaria comandada por los Posada Cueto, documentada por años en este espacio, se da un nuevo capítulo que cuenta con la colusión de autoridades federales.
Ya se mencionó que los Posada Cueto y los hijos de Héctor formaron un Fideicomiso, a sabiendas de los derechos que Montiel tiene sobre el terreno.
De acuerdo con su modus operandi, el objetivo es defraudar, no solo a Héctor, también a compradores de buena fe, que adquieren los lotes con la creencia de no tener problemas legales.
En el Juicio de Amparo 132/2020, el representante del Fideicomiso, en el cual los hijos de Héctor -en colusión con los dueños de la zona inmobiliaria más rica de Puebla- han incluido los terrenos a los que Héctor tiene derecho, solicitó a la Juez Federal del Juzgado Cuarto de Amparo Civil Blanca Alicia Lugo Pérez, que no perdieran la vigencia de 90 días que legalmente tienen los Avisos Preventivos de venta presentados en las oficinas registrales de esa zona de la Angelópolis.
De forma ilegal, pues representa violar la Ley registral, la jueza Cuarta de distrito en materia de Amparo Civil en Puebla del Consejo de la Judicatura Federal, Blanca Alicia Lugo Pérez les da la Suspensión para que no vencieran esos avisos hasta que fuera resuelto de fondo el mismo Juicio de amparo ante su superior, Tribunal Colegiado.
A pesar de tener una resolución favorable, pero que saben que no resistirá la revisión del Tribunal Colegiado, la mafia inmobiliaria quiere resolver el asunto mientras está en un terreno que controlan.
La jueza Cuarta de Amparo Civil Blanca Alicia Lugo Pérez, no sólo les dio la Suspensión y la Sentencia a favor del Fideicomiso, sino que admite un procedimiento a todas luces ilegal para que el Registrador Público de la Propiedad de Cholula califique (paso previo a la inscripción) los avisos preventivos antes de que se dictara la resolución definitiva del jucio por su superior, lo que contradice así su propia determinación.
Lo anterior, está prohibido por la Ley y además usurpa las funciones del Tribunal Colegiado.
Al resolver la absurda petición, la Jueza Cuarta Blanca Alicia Lugo Pérez confiesa de forma descarada que lo que le plantean “es una situación ajena a la Suspensión”, a pesar de eso resuelve el procedimiento (técnicamente llamado de Violación a la suspensión) a favor del Fideicomiso.
Es obvio que, si como ella misma confiesa, esa solicitud es ajena al procedimiento, ni siquiera la debió haber admitido, y no sólo le da entrada a la petición, sino que la declara favorable ordenándole al Registrador lleve a cabo la calificación de los avisos preventivos que presentaron en el Registro Público de Cholula en 24 horas.
Por evidente corrupción o absoluta incompetencia la Jueza Cuarta de Amparo Civil Blanca Alicia Lugo Pérez, viola el Artículo 138 de la Ley del Registro Público de la Propiedad que ordena que mientras haya Recursos Registrales pendientes de resolver el folio del predio está bloqueado o suspendido, en el expediente del Folio hay 7 (Siete) Recursos pendientes.
El artículo 138 de la Ley del Registro Público del Estado, ordena, sin lugar a interpretaciones o dudas, que la presentación del recurso administrativo registral suspende hasta su resolución el expediente del predio.
Artículo 138 de la Ley del Registro Público:
La interposición del Recurso suspende hasta su resolución, la ejecución del acto recurrido.
Los efectos de la suspensión impiden la
inscripción de los títulos “presentados” o que se presenten en relación con el mismo folio.
En este caso no hay un recurso, sino al menos 7 además de 2 órdenes de jueces que lo impiden.
En palabras muy simples esto quiere decir que el expediente del terreno está bloqueado hasta que se resuelvan en definitiva los recursos registrales.
Así la Jueza Cuarta Blanca Alicia Lugo Pérez acepta y resuelve favorablemente un asunto que ella misma reconoce “es ajeno” a la solicitud planteada.
El proceder impune Lugo Pérez demuestra hasta dónde llegan los alcances de la mafia inmobiliaria y le viene muy mal a un Poder Judicial Federal bajo fuego.
