Karina Fernández |
Tras reconocer que Puebla forma parte de los 25 congresos locales que no han hecho las reformas constitucionales correspondiente para instaurar la figura de Revocación de Mandato de gobernadores, el diputado del PT, José Miguel Huerta propuso plazos y requisitos para garantizar este derecho ciudadano.
La iniciativa de reforma constitucional en cuestión no sólo tiene dedicatoria para el gobernador del estado sino para los titulares de los cargos públicos representativos, es decir, diputados locales e integrantes de los ayuntamientos.
Su propuesta establece que la revocación de mandato podrá ser solicitada por el cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, la mitad del porcentaje necesario a nivel federal, y sólo podrá solicitarse dentro de los primeros 120 días de la segunda mitad del periodo constitucional.
“Ya en nuestra Constitución local existe una especie de revocación de mandato, que sólo aplica para los miembros de los ayuntamientos donde los ciudadanos no tienen una participación directa, ya que tal revocación queda a cargo del Congreso local”, detalló.
De declararse procedente, la votación deberá llevarse a cabo a más tardar 120 días después, en la que deberá participar por lo menos el 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en el listado nominal de electores del ámbito respectivo, y que de estas, el 60 por ciento se manifieste a favor de la revocación para validar el procedimiento.
El petista apuntó que actualmente sólo Baja California, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y Zacatecas ya legislaron al respecto, a poco más de tres años de que fue promulgada la reforma constitucional en torno a la figura de Revocación de Mandato del Presidente de la República.
El legislador local subrayó que los ciudadanos tienen el derecho de destituir del poder a los representantes que fueron elegidos por el voto popular al considerar que no cumplen con los objetivos del mandato conferido, y considerando que son agentes de la voluntad popular y están sujetos al control de los gobernados.
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