Por Alejandro Mondragón
Las reformas al Poder Judicial poco o nada han servido para Puebla.
Personajes salen, otros llegan, pero al interior se vive lo mismo de siempre: sin dinero no hay justicia.
Entre 4 millones y hasta 9 millones de pesos se paga para la modificación de medidas cautelares, a fin que los imputados sigan sus procesos en libertad.
Se extravían expedientes, alteran el debido proceso, protegen todo, menos a la víctima.
La colusión es norma de cada día, entre abogado y juez. Los licenciados llegan con maletines la tarde anterior a las audiencias para arreglarse con la autoridad.
El problema es que los casos, una vez que lleguen al ámbito federal, tendrán otro tratamiento lo que exhibirá a los jueces del poder local.
¿Y Carlos Palafox, en el Consejo de la Judicatura?
¿Y Margarita Gayosso, en el Poder Judicial?
Nada, todo sigue igual que en el pasado.
El entonces gobernador Luis Miguel Barbosa puso énfasis en que todo iba a cambiar con la reforma al Poder Judicial.
El hoy mandatario Sergio Salomón Céspedes Peregrina incluso mejoró parte de las reformas judiciales.
El problema es que tampoco pueden hacer mucho, en tanto continúe la colusión en las entrañas de este poder.
Los abogados cubran las tarifas y los jueces respondan en función de los acuerdos en lo oscurito.
La salida de personajes, detenidos en el pasado reciente, para seguir sus procesos en la calle fue resultado de este acuerdo por debajo de la toga de la justicia.
Los beneficios de las reformas legales tardarán en llegar a los y las poblanas, seguramente en décadas, porque los intereses anquilosados hallaron una forma de sobrevivir por un buen tiempo.
Es una lástima.
