Karina Fernández |
El gobernador Sergio Céspedes Peregrina reconoció que sí habrá afectaciones si no se recuperan los 600 millones de pesos que la Secretaría de Finanzas invirtió en 2021 en una institución bancaria que fue liquidada ese mismo año por incumplimientos regulatorios.
Y es que dicho monto se suma a los dos mil 600 millones de pesos que esta administración pagó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por un “descuido” que tuvo su origen en 2015 cuando se gestionó la devolución por 700 millones de pesos de impuesto ante el SAT.
El mandatario estatal reconoció que el Banco Accendo en donde se realizó la inversión de 600 millones de pesos era una institución autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pero que sin duda va a afectar al gobierno en turno.
“Esta institución estaba autorizada por la comisión, lo cual de alguna forma u otra daba legalidad a la empresa para hacer esto por parte del estado. No obstante, es un tema que también va a afectar, no podemos negar esa situación pero esperemos que pronto y en el corto tiempo pueda ser liquidada y alcance el recurso para que pueda ser remunerado el estado con estos 600 millones de pesos”, dijo.
De los dos mil 600 millones de pesos en obligaciones fiscales que se pagaron, el titular del
Poder Ejecutivo en el estado advirtió que se iniciarán las acciones pertinentes para dar con los responsables de los actos cometidos, hayan actuado con conocimiento o no de la ley.
La secretaria de Finanzas, Teresa Castro Corro explicó que el pasado 5 de abril se cubrió con esta obligación fiscal que tuvo su origen en 2015, cuando por el gobierno en turno se contrató un despacho en asesoría fiscal que recomendó hacer una gestión ante el SAT para solicitar la devolución de impuestos de 2009 y 2010, recibiendo alrededor de 700 millones de pesos.
No obstante, en 2018 la autoridad señaló que la devolución fue incorrecta y determinó un crédito fiscal para pagar o litigar; donde la administración en turno decidió entrar al litigio y una vez co ncluido el proceso, se obligó al estado a pagar 2 mil 600 millones.
“No cubrir obligaciones fiscales es un acto penal y no estamos exentos, si tenemos una resolución de la autoridad competente hay que cumplirla y se determina la semana pasada dar cumplimiento total a este proceso”, señaló la funcionaria estatal.
Al respecto, el gobernador @SergioSalomonC señaló que sí habrá afectaciones a la administración estatal y confió que se recupere la mayor parte de los 600 mdp involucrados @Al_Portador @AleMondras @ValeVarillas pic.twitter.com/NcwKLfyMWO
— Karina Fernández (@FdezKarina) April 11, 2023
