Por Alejandro Mondragón
Una de las decisiones claves en el gobierno de Sergio Céspedes Peregrina fue asumir el control administrativo de todas y cada una de las estructuras del gabinete legal y ampliado.
Conocer de fondo la forma en la que se manejan los recursos financieros, administrativos y materiales evita lo que hoy ocurre con el gobierno federal.
El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió en la mañanera de ayer que el Poder Judicial dispone de un “guardadito” por más de 20 mil millones de pesos.
En fideicomiso y diversos instrumentos, AMLO detalló que de la totalidad de los recursos seis mil millones de pesos corresponden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 14 mil 400 millones al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y 15 mil 100 millones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“Esto no lo sabe la gente, (en el Poder Judicial) tienen un fideicomiso, un guardadito, de 20 mil millones de pesos”, acusó el mandatario.
Está claro que parte de las acciones de los gobiernos es manejar una partida de los recursos públicos en figuras financieras que garanticen rentabilidad para finalmente ampliar los beneficios a la población.
El problema radica en la opacidad. En el pasado reciente se tomaron decisiones que afectaron el erario poblano, como la pérdida de 600 millones de pesos por la quiebra de la entidad bancaria que los manejaba.
¿Quién asumirá ese quebranto a las arcas locales?
Sin esa intervención en las áreas administrativas habría sido imposible saber que no fue el único caso. Hoy se reclaman miles de millones de pesos invertidos en entidades contratadas por ofrecer al gobierno ¡la más baja tasa de interés del mercado!
La araña ya investiga.
