Por Valentín Varillas
Varios frentes abiertos enfrenta el país, de cara al proceso electoral presidencial del 2024.
Amenazas chicas y grandes, que tienen un peso específico real en su desarrollo, resultado y credibilidad.
Ponen en riesgo la legalidad, el piso parejo necesario para competir en condiciones de igualdad y hasta la gobernabilidad.
Todas, juegan en contra de la voluntad de las mayorías.
Para el actual grupo en el poder, el principal enemigo es el propio árbitro de la contienda.
El modificar el entramado legal que le da personalidad jurídica, presupuesto y capacidad de actuar al Instituto Nacional Electoral, se ha convertido en una auténtica obsesión para el presidente López Obrador.
Las horas que desde hace años dedica en el discurso público a atacar la manera en la cual se organizan y califican los procesos electorales en el país, no deja lugar a dudas.
Tampoco los alcances de la fallida Reforma Electoral que envío a las dos cámaras del legislativo federal.
Mucho menos, su famoso “Plan B”.
Estas modificaciones radicales a leyes secundarias que son fundamentales en el actuar de este organismo.
En la óptica oficial, este es el gran monstruo que hay que combatir, para perfeccionar la forma en la cual los mexicanos elegimos a nuestros gobernantes.
Muy poco, o nada, ha dicho AMLO sobre el verdadero enemigo a vencer.
Un imparable gigante que se ha infiltrado desde hace décadas en todas las instituciones del Estado Mexicano y que goza de cabal salud en estos tiempos de supuesto cambio político: el crimen organizado.
Sí, los poderes de facto que a través de su monumental poder corruptor, hoy incide directamente en nuestra vida democrática.
Pone candidatos, financia campañas y elimina a quienes se niegan a servir a sus intereses.
De ellos, ni una sola frase en alguna de las mañaneras.
Los “Córdoba” y “Murayama”, por encima de los “Zambada” y los “Guzmán”.
No hace falta abundar sobre cuál de estos dos factores incide mayoritariamente en la determinación de ganadores y perdedores en las urnas.
La respuesta es evidente.
También es lógica la manera en la cual el presidente define cuál de estos factores resultan en los hechos más peligrosos en el desarrollo de las elecciones.
Al INE es fácil intentar pegarle por la vía legislativa, legal, presupuestal y hasta política.
Al crimen organizado, el gobierno no puede ni quiere combatirlo.
Pareciera que tienen una importante comunidad de intereses y objetivos.
Como en otros tiempos, como en otros gobiernos.
Como antes, como siempre.
Como seguramente, para desgracia de todos, seguirá siendo en el futuro.
