Por Valentín Varillas
En un mundo paralelo, equilibrado y justo, el juicio que se le sigue Genaro García Luna se llevaría a cabo en México.
Tendría que enfrentar aquí, ante las autoridades de este país y no del vecino, las consecuencias de haberle entregado el control de las instituciones estratégicas del Estado Mexicano a la delincuencia organizada.
En este inexistente universo, sus antecesores, los que hicieron exactamente lo mismo, deberían también estar sentados en la silla de los acusados.
Bajo esta lógica, Puebla tendría también que ocupar un lugar importante en este proceso legal.
Pero, para efectos prácticos, hablemos del hombre del momento.
El que ocupó cargos importantísimos en la estrategia de seguridad en los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón, presidentes que sin duda conocían a detalle los pactos inconfesables que se daban entre autoridades y criminales.
Las acciones de García Luna como funcionario público tuvieron un impacto directo en Puebla.
Desde los tiempos en los que controlaba la Agencia Federal de Investigaciones, era evidente que había un cártel favorito del gobierno mexicano: el de Sinaloa.
Que sus adversarios tendrían que ser debilitados y perseguidos para que este grupo se hiciera del control absoluto de sus operaciones prioritarias.
Pero, en aras de mantener niveles importantes de gobernabilidad, había que darle forma a una serie de acciones compensatorias que favorecieran en algo a las organizaciones rivales.
Y aquí es donde nuestro estado jugó un papel fundamental.
Primero, en la salvaguarda de la integridad física de sus líderes y la de sus familias.
No fue casual que aquí viviera parte de la columna vertebral de los Arellano Félix, que en Puebla se resguardara El Grande, fundamental en la operación del cártel de los Beltrán Leyva y que el propio Arturo, cabeza de este grupo, viniera con una frecuencia atípica al estado.
El fraccionamiento El Cristo, ubicado en Atlixco, era uno de sus destinos favoritos.
Todo esto sucedió con la complacencia de los gobiernos de Melquiades Morales y Mario Marín.
Estos personajes se infiltraban en distintos círculos sociales de la entidad, pasando desapercibidos para todos.
Hay sin embargo, coyunturas específicas en donde se pacta la entrega de “trofeos” para aparentar que los gobiernos hacen algo en la lucha en contra de la delincuencia organizada.
Fox ordenó un operativo para capturar a Benjamín Arellano Félix en un fraccionamiento ubicado en Zavaleta.
Lo mismo sucedió con El Grande, en tiempos de Calderón.
Antes y después de estos hechos, algunos liderazgos locales de grupos relacionados con Los Zetas, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Rojos y demás, fueron igualmente detenidos en el estado.
Pero, además de haber convertido a Puebla en una auténtica guarida de Capos, dentro del paquete de compensaciones entregado a las organizaciones rivales al Cártel de Sinaloa venía el control absoluto de la ordeña y venta de combustible robado a Pemex.
El famoso “huachicol”, que era ya una realidad en los gobiernos estatales priistas, pero que tuvo su época de mayor esplendor y crecimiento en el sexenio de Moreno Valle.
Precisamente cuando dos amigos y ex colaboradores cercanísimos de García Luna se hicieron cargo de la seguridad pública en el estado: Ardelio Vargas y Facundo Rosas.
El primero duró muy poco.
El segundo, el alumno más avezado de quien hoy está siendo juzgado en Nueva York, vio el negocio potencial que significaba volverse socio de los huachicoleros.
Moreno Valle lo entendió a la perfección y de esta manera, las tomas clandestinas crecieron en Puebla más de 3 mil por ciento durante los gobiernos panistas.
Desde la SSP estatal se protegía a las bandas dedicadas a este ilícito y se fomentaba la infiltración de sus miembros en las corporaciones policiacas en aquellos municipios geográficamente estratégicos para la ordeña de ductos.
Alrededor de este gran modelo de negocios, crecieron de manera exponencial las empresas que simulaban operaciones.
Lo más granado de la clase política se enriqueció como nunca al amparo de esta perversa sociedad.
Abogados, notarios, contadores y abogados, también hicieron enormes fortunas en tiempo real.
El sector inmobiliario y la industria de la construcción se detonaron como nunca, por la entrada de capital ilícito a cientos de desarrollos.
Sucedió lo mismo con el restaurantero, bares y antros.
Los municipios en donde se daba la ordeña, también se beneficiaron.
Parte de este dinero ilícito se invertía y se quedaba en estas comunidades.
Sin embargo, la disputa por el territorio, de la mano de la aparición de nuevos grupos delictivos, dejó un enorme daño colateral.
Sangre, muerte, violencia y un daño irreparable al tejido social.
Gobiernos criminales que se aliaron con criminales para, además de hacerse de miles de millones, intentar eternizarse en el poder.
Qué lástima que no vivamos en aquel mundo irreal.
Qué pena que quienes detonaron todo esto vivan todavía en la más absoluta impunidad.
Qué tristeza que, como país, nuestro entramado legal en materia de procuración e impartición de justicia, no esté al servicio de los ciudadanos y opere en beneficio de auténticos delincuentes.
Qué vergüenza que sea a través de las instituciones otro país, el medio por el cual aspiremos a que paguen aunque sea algunos de los muchos que durante tanto tiempo le han hecho un irreparable daño a este país.
