Por Alejandro Mondragón
Un grupo de cercanos colaboradores de la entonces alcaldesa Claudia Rivera Vivanco se repartía el botín.
El tesorero Armando Morales Aparicio; el poderoso jefe de la Oficina de la Presidencia, Andrés García Viveros; y los secretarios de Administración, Leobardo Rodríguez y de Infraestructura Israel Román.
Las ganancias de obras, concesiones y licitaciones a modo se distribuían y todos eran felices.
Tal información quedó documentada en el barbosismo, porque precisamente el tesorero Morales abrió la boca, aunque él se deslindó.
Claro, no dijo que su enojo fue a partir que dejó de recibir su parte. El grupo estaba fragmentado ya. A Morales Aparicio lo tildaron de traidor. Primero porque fue a ofrecer sus servicios de espía con el equipo del exgobernador Antonio Gali y después al barbosismo.
Mejor optó por renunciar a la Tesorería, dependencia a la que llegó en su lugar Leobardo Rodríguez.
Ya el primer contralor Mario Riveroll había dejado el Ayuntamiento, luego de tantas irregularidades que se registraban particularmente en obras y licitaciones.
La Auditoría Superior del Estado documenta todas las observaciones que dejó la gestión de Rivera Vivanco, a quien no le han aprobado ninguna de sus cuentas públicas en el Congreso de Puebla.
Existen elementos para proceder legalmente contra ellos.
Ahora que los exfuncionarios de Claudia andan de feroces críticos de la administración de Eduardo Rivera no deben perder de vista un punto fundamental de política: su pasado los persigue.
