Karina Fernández |
Tras subrayar que con la seguridad no se juega, integrantes de las comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Asuntos Municipales avalaron las reformas para castigar con cárcel a presidentes municipales que contraten policías no certificados.
El dictamen corresponde a la iniciativa enviada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta que propone seis años de cárcel para las autoridades que contraten a policías que no cuenten con el Certificado Único Policial, y siete para quienes acepten desempeñar estas funciones sin cumplir con los requisitos de ley.
El diputado local de Morena, Eduardo Castillo López garantizó que la reforma no tiene un trasfondo político, pues lo que se busca es generar mayor responsabilidad en el nombramiento de secretarios o directores de seguridad, y en la contratación de policías que den certeza a los ciudadanos.
“Con la seguridad no se juega y no juega nadie, no podemos tener policías que no cumplen con las certificaciones de orden, de legalidad, de exámenes, de estudios, los 217 municipios requieren de policías certificados, de personas que impliquen y que conozcan la ley”, expresó.
El legislador local recordó que habrá 90 días para que se revise el estatus de las corporaciones municipales y se hagan los ajustes que sean necesarios, por lo cual la aprobación del dictamen que será votado en el Pleno del Congreso local no significa que se van a armar carpetas de investigación como algún tipo de persecución contra alcaldes.
“Este decreto que manda el Ejecutivo del Estado lo veo viable, lo veo positivo, no es violatorio de nada, ya los tiempos, ya los amparos y la ley lo dirá en su momento, pero hay que reconocer que es un tema de necesidad y de urgencia”, subrayó.
La iniciativa establece una pena de cárcel de siete años para el alcalde que designe un mando policiaco con vínculos delincuenciales y siete años para las personas que acepten ser contratados como policías sin contar con el Certificado Único Policial (CUP).
