Por Valentín Varillas
En el sexenio de Mario Marín al interior de la Secretaría de Educación Pública se detectaron irregularidades importantes en el gasto de más de 400 millones de pesos provenientes del gobierno federal.
Recursos etiquetados para diversas actividades en materia de desarrollo educativo que no fueron invertidos de acuerdo a lo originalmente presupuestado .
Destaca el mal uso de una partida presupuestal que la Secretaría de Hacienda había autorizado para Puebla con el objetivo de contratar a 850 docentes y de esta manera cubrir el importante déficit de maestros al interior del sistema educativo poblano.
El dinero fue enviado en tiempo y forma.
Sin embargo, por órdenes del propio secretario Darío Carmona, a través del Departamento de Recursos Humanos y Personal a cargo de Alfonso Valles Ramos, éste jamás se ocupó para la contratación de los docentes.
Ahora bien, “para taparle el ojo al macho”, el entonces director de Planeación y Programación Presupuestales de la SEP, Felipe de Jesús Mijangos Cabrera, se dio a la tarea de “cubrir” de inmediato toda la documentación requerida para proceder a la supuesta devolución del dinero autorizado y que no se ejerció.
Sin embargo, dichos oficios nunca fueron recibidos por el gobierno federal.
Cada quincena, desde la Secretaría de Finanzas, se sacaban los cheques correspondientes a sueldos de 850 maestros que nunca fueron contratados.
Se utilizaron a docentes eventuales con salarios menores a los registrados para aparentar que se estaba cubriendo el déficit de maestros y que se estaba haciendo un buen uso de los recursos federales entregados para este fin.
Se permitió que docentes de diferentes niveles, que ya contaban con plaza, pudieran “dobletear” y trabajar horas extras para ganarse un dinero adicional.
A la par, como ya que se tenían autorizadas las 850 contrataciones, se intensificó como nunca la venta de plazas.
Con la complicidad de los sindicatos de docentes, éstas se ofertaron entre 120 mil y 200 mil pesos, con la promesa de que serían aprobadas de inmediato y sin ningún problema.
Las altas de docentes producto de la venta de plazas fueron autorizadas en su momento por quien fungía como Director de Recursos Humanos, Jorge Antonio Muñoz Carballeda y por el entonces Jefe del Departamento, Alfonso Valles Ramos.
A través del área de nóminas se llevaba el control de las horas laboradas por los docentes para la emisión de pagos de quienes se encontraban comisionados en el sindicato, eran interinos o disponían de permisos especiales y el tiempo asignado a cada maestro en cada una de las escuelas en las que laboraba.
El manejo de las bitácoras laborales se llevó con total hermetismo y en la absoluta opacidad.
Semanas antes de concluir el sexenio, Darío Carmona ordenó el cierre de plazas y se giró la instrucción de que no habría altas hasta que lo autorizara el nuevo gobierno.
Sin embargo, la cancelación oficial de las 850 plazas ante el gobierno federal nunca se realizó.
Negocio redondo, millonario, con cargo al desarrollo educativo del estado.
Otra vez, la SEP era operada como cueva de ladrones.
Y no paró ahí, faltaba más.
Con Moreno Valle, el saqueo fue de antología.
