Karina Fernández |
El presidente del Congreso de Puebla, Sergio Céspedes Peregrina consideró que los jueces y magistrados que se opongan o no logren adaptarse a la reforma del sistema judicial propuesta por el Ejecutivo del estado, no deben permanecer en el Poder Judicial.
Calificó la iniciativa como un acto de justicia que garantizará el fortalecimiento de este poder público y que le sienta bien por Los tiempos que enfrenta, siendo sus servidores públicos y sus decisiones de las más cuestionadas por los ciudadanos.
“Son áreas de oportunidad que van a generar mayor transparencia y por supuesto que todos los servidores públicos que hacen bien su trabajo, que lo hacen conforme a derecho, con honradez y transparencia no van a tener ningún problema en aceptarlo y a final de cuentas les va a poder impulsar a todos ellos su trabajo”.
(…) quien no ha hecho las cosas bien, sin duda no se va a poder adaptar, no debe estar ahí. Yo espero que no, es algo que tendrá que generar condiciones y quienes este apegado a derecho y cumpliendo con su trabajo como debe de ser no deberá tener ningún tipo de problema”, dijo.
La iniciativa de reforma remitida al Congreso del Estado faculta a los diputados a elegir mediante el voto de las dos terceras partes a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de la Sala Constitucional y del Tribunal de Justicia Administrativa que durarán en su encargo quince años improrrogables.
También podrán ser destituidos por mayoría calificada de dos terceras partes de los integrantes del Congreso por denegación grave de justicia, o por incurrir en violaciones a las reglas de conflicto de interés; procedimientos que podrán iniciar los ciudadanos.
Se proponen otros mecanismos de rendición para los servidores públicos del Poder Judicial, como la presentación de declaraciones públicas de parentesco, de situación patrimonial y de intereses, así como procedimientos específicos de responsabilidad por falta grave en caso de que los servidores públicos realicen o gestionen indebidamente nombramientos, promociones o gratificaciones cuando exista un interés personal, familiar, económico o de negocios en el caso.
Además, se propone prohibir que los magistrados, consejeros de la Judicatura y jueces se reúnan con las partes o sus representantes o apoderados fuera de los recintos o diligencias judiciales para tratar los asuntos jurisdiccionales en los que participen.
