Por Valentín Varillas
Genoveva Huerta fue corrida por autoridades municipales de Tlaola.
Le echaron la fuerza pública para que no entrara a este lugar y pudiera participar en la asamblea mediante la cual se nombrarían a los consejeros estatales del este partido.
Acusa a Marcos Castro, secretario general del CDE del blanquiazul, de ser el autor intelectual de semejante abuso.
Sin duda, se trata de un ejemplo muy claro de violencia política en contra de una mujer, que además funge como diputada federal por este partido.
Mal, muy mal.
Este tipo de prácticas deben de ser erradicadas de la vida pública nacional.
Pero también hay que tener memoria.
Gracias a las órdenes de Rafael Moreno Valle, pero con el apoyo incondicional de Genoveva Huerta y su grupo, creció políticamente un repugnante individuo.
Se llama Inés Saturnino López Ponce.
Llegó a ser presidente municipal de Tecamachalco.
Debido al desprecio y malos tratos a sus regidoras se convirtió en el arquetipo de la violencia política de género en Puebla.
Insultos, defenestraciones públicas, retenciones de salarios y hasta el impedimento para participar en las sesiones de cabildo, no solo un derecho, sino una obligación para quienes forman parte de este órgano colegiado edilicio.
Muchas lo dejaron pasar.
No hicieron nada por defender sus derechos.
Ruth Zárate, sin embargo, decidió enfrentarlo.
Llevó su caso ante la propia Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
El propio Santiago Nieto –hoy tan famoso y polémico- como titular de esta instancia, declaró públicamente que la FEPADE tenía pruebas contundentes, irrefutables, de que la regidora había recibido por parte del edil “amenazas de desaparecerla, la retención de sus sueldos y aguinaldos, el nulo acceso a documentos oficiales, además de constantes humillaciones públicas”.
Para la historia quedaron aquellas imágenes en donde, ante el fallo de la autoridad competente, Inés Saturnino llegó con una bolsa de basura llena de billetes de baja denominación -la cantidad que le adeudaba a la regidora-y los arrojó al suelo pretendiendo que Zárate los recogiera de ahí.
De ese tamaño la bajeza y calidad moral de este impresentable, ícono del morenovallismo, que intentó reelegirse en la coyuntura del 2021, pero que ante el enorme desprestigio que cargaba -a pesar de todo el apoyo de Genoveva y compañía- su nominación por el blanquiazul resultaba una absoluta aberración.
Pero como siempre hay un impresentable para otro impresentable, Carlos Navarro, dirigente del PSI y Laura Escobar Juárez, de Compromiso por Puebla, lo llevaron como candidato común a la alcaldía de Tecamachalco.
Perdió por paliza.
Pero en el tiempo que duró su período como alcalde PANISTA, le avalaron todos, absolutamente todos los ataques y abusos en contra de las regidoras que decidieron plantarle cara.
Solamente recibió una muy tibia amonestación mediática en el 2017, por parte de la entonces Secretaria General del PAN, Martha Érika Alonso para cuidar las formas.
Nada más.
En el colmo del absurdo, en junio del 2021, cuando Huerta seguía siendo la dirigente estatal del PAN y estaba en plena búsqueda de su reelección, Inés Saturnino Ponce fue elegido como presidente del comité municipal del PAN en Tecamachalco.
Sí, regresó triunfante al partido que, de acuerdo a estatutos, lo tenía que haber expulsado por el simple hecho de competir por un cargo de elección popular bajo las siglas de una alianza de partidos distintos al blanquiazul.
De locos.
¿Y entonces?
¿Se vale hoy la súbita mutación de victimaria a víctima?
Y por otro lado los panistas dogmáticos, los anti-Moreno Valle, los que hoy tienen el control de los órganos de dirección del partido, resultaron iguales o peores.
¿Cuándo sí y cuándo no hay que señalar los abusos en contra de las mujeres que se dedican a la política?
¿De acuerdo a los dictados de la conveniencia política?
¿Hay alguien en ese partido con un poco de congruencia?
