Por Alejandro Mondragón
Lo que une a ciertos personajes en busca de promover primero la reforma electoral (condenada al fracaso legislativo) y después hacer equipo para la dirigencia de Morena en Puebla, no es otra cosa que recuperar su modelo de negocio.
Sí, aquellas personas que despotrican contra lo que representa el gobernador Luis Miguel Barbosa -por oponerse a cualquier forma de corrupción- en el pasado reciente obtuvieron contratos jugosos en lo oscurito, aunque en público se deslindaban políticamente.
Pongo dos nombres: Claudia Rivera Vivanco, exalcaldesa; e Ignacio Mier Velazco, diputado federal. Su articulador siempre fue el entonces auditor Francisco Romero Serrano, quien se hizo de la vista gorda frente a factureras, empresas fantasmas y concesionarias que operaba uno y la otra lo favorecía.
El entonces tesorero municipal, Armando Morales, renunció del cargo meses antes del fin del trienio de Morena, pero no vaya a creer por oponerse a este grupo, sino porque le incumplieron su parte. El moche prometido no le llegó.
Ya el primer contralor, David Riveroll también había renunciado, pero eso fue porque una y otra vez señaló que un grupo cercano a la alcaldesa hacía de las suyas.
Sus últimas palabras fueron que al interior del gobierno de Morena en la capital había “una cueva de ladrones”.
Las investigaciones que ocultó Romero Serrano, en las que se cruzaban empresas fantasmas y factureras que unían los intereses de Rivera Vivanco y Mier Velazco señalan a un grupo de operadores.
El brazo derecho de la alcaldesa: Andrés García Viveros, el entonces secretario de Administración y Tesorero, Leobardo Rodríguez (el mensajero de ambos), Enrique Glockner, secretario de Bienestar: e Iván Galindo, exasesor de la Presidencia Municipal hasta mayo del 2021.
Lo que se viene será de escándalo. Por eso, todos buscan blindarse en la dirigencia de Morena en Puebla para gritar al unísono: ¡Al Ladrón! ¡Al Ladrón!
