Por Alejandro Mondragón
Ni ruptura, menos confrontación, es lo que tendría que entender el alcalde Eduardo Rivera Pérez sobre la posición del gobierno Luis Miguel Barbosa, respecto a las concesiones por 10 años que pretende otorgar en bienes de dominio público.
Es cuestión de legalidad. No porque en el pasado se pudo, ahora pretenda que todo siga igual. Se supone que serían diferentes respecto a las concesiones que trasciendan los plazos legales de un trienio.
Si en la era oscura del morenovallismo se concedieron acciones que rebasaron las administraciones, hoy la historia es diferente. Se sabía de la ilegalidad, pero aún así con el poder total se hizo.
Los tiempos cambiaron. Antes no se respetó el artículo 57 de la Constitución que señala la facultad del Congreso del Estado para autorizar la enajenación de bienes inmuebles en la entidad o municipios, así como aprobar sus respectivos contratos cuando tengan una duración mayor al periodo por el que fueron elegidas las autoridades interesadas.
En el ámbito estatal, el morenovallismo asumió compromisos que hipotecaron hasta cuatro sexenios a Puebla, sin que nadie se opusiera, a pesar de lo violatorio de la Ley.
Rafael Moreno Valle y los suyos siempre apostaron a que serían eternos. Ya vimos que no fue así.
El planteamiento del Ayuntamiento de Eduardo Rivera Pérez hipoteca tres trienios las arcas municipales, lo que resulta contrario a la legislación.
Repito, no porque en el pasado se pudo, ahora se permitirá. Lo apegado a Derecho y a la ética política sería enajenar bienes inmuebles quizá hasta un año después de concluir su gestión, de modo que la próxima autoridad tenga tiempo para continuar o cancelar con la concesión en función de lo que determine.
No hay rompimiento político.
Menos ruptura.
Sólo es cuestión de legalidad.
No más, no menos.
