Karina Fernández |
El gobernador Miguel Barbosa afirmó que la detención del ex secretario de Movilidad y Transporte, Guillermo Aréchiga Santamaría sí estuvo relacionada con irregularidades en su pasó por la administración pública.
Sin embargo, negó que su gobierno esté involucrado con el proceso que se sigue contra el auditor Francisco Romero Serrano, que -dijo- derivó de investigaciones a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Señaló que la denuncia que presentó su gobierno contra el ex funcionario estatal derivó de irregularidades que se detectaron durante el desempeño de su cargo, que en un principio se dijo que estaban asociadas a la entrega irregular de concesiones del transporte público.
“Una vez que hay una detención vendrá la audiencia de imputación que debe de ser hoy, después un periodo para resolver la vinculación a proceso. Sí se trata de asuntos de irregularidades cometidas por el servidor público que hoy está detenido”, apuntó.
Aclaró que ningún funcionario o servidor público de su gobierno será protegido ante cualquier acto irregular en el que incurra, por lo serán denunciados como ocurrió con ex funcionarios de pasadas administraciones.
Del caso del auditor, sostuvo que investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera detectaron operaciones con recursos de procedencia ilícita pero su gobierno no estuvo detrás por tratarse de un órgano constitucional autónomo.
“La indagatoria proviene de la UIF, no fue el gobierno del estado que presentó la denuncia contra el auditor. Hubo un hecho escandaloso por violencia familiar y otro por delitos financieros”.
Indicó que el caso del titular del órgano fiscalizador tendrá que ser resuelto por el Congreso del Estado, derivado de la suspensión de su cargo que como medida cautelar que dictó un juez de control.
