Karina Fernández |
El gobernador Miguel Barbosa negó que la detención del alcalde de Quecholac, Alejandro Martínez Fuentes sea producto de una persecución política pues dijo que hay indicios de presuntos nexos con la delincuencia.
En rueda de prensa reveló que las investigaciones a cargo de la Fiscalía General del Estado advierten que el hermano de El Toñín, presunto líder huachicolero, está vinculado a actividades ilícitas por lo que tendrá que acreditar su inocencia.
“No es un asunto se persecución política, sino de hechos que han sido investigados por la Fiscalía General del Estado (…) En este gobierno no existen padrinazgos políticos de nadie, si un alcalde está vinculado a actividades ilícitas se aplica la ley”, defendió.
Por separado, mediante un comunicado, el partido Pacto Social de Integración (PSI) que postuló a Alejandro Martínez para reelegirse el pasado 6 de junio, se pronunció por una investigación apegada a la ley.
La institución encabezada por Carlos Navarro Corro, actual diputado local, solicitó que las investigaciones se lleven en estricto apego a derecho y de confirmarse responsabilidades, se aplique lo establecido por la ley.
El mandatario estatal reafirmó que su gobierno no protegerá a personajes corruptos o delincuentes a diferencia de lo que ocurría en el pasado, cuando se actuaba según las siglas o colores de partido.
En este sentido, recordó que los alcaldes y demás autoridades que incurran en irregularidades en el manejo de dinero público también serán puestos a disposición de las autoridades si se detectan anomalías en las auditorías.
