Por Alejandro Mondragón
Judicializar la elección era un verbo que se combinó, hasta los comicios pasados, con las resoluciones que emitían los órganos electorales para validar a los ganadores.
Ahora, este concepto se vincula inexorablemente al ámbito de las fiscalías General de la República, de Delitos Electorales y hasta la Unidad de Inteligencia Financiera.
Ya no será el INE y mucho menos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las que determinen ganadores y perdedores, sino las listas negras de las fiscalías para inclinar la balanza.
Nuevo León es el vivo ejemplo de ello y seguramente el espejo en el que todos se miran. La acción de poder contra los punteros para favorecer a los abanderados de Morena.
Todos los opositores a la 4T son culpables por definición, lo que debe prender los focos rojos en los estados en los que las cartas morenistas van en caída libre.
El uso del dinero público en todas sus vertientes: moches, comisiones, apoyos en vehículos, movilización y demás se encuentran bajo la mira.
Las campañas negras acaban como juegos de niños ante la judicialización de las carpetas de investigación para vincular a proceso a los candidatos/as. Eso es otra cosa.
El punto es que no se trata de quitar punteros, sino que una vez que ganen se proceda legalmente en su contra para anular la elección y convocar a otros comicios.
Además de Nuevo León, ubique Chihuahua, San Luis Potosí, Campeche, para empezar. En tanto, aquellas entidades en las que habrá que poner atención son Puebla, Tlaxcala, Sonora y Ciudad de México.
Habrá sacrificios colaterales en la 4T, pero bien valen darle alas a los alacranes opositores.
Es un esquema opuesto a lo que se veía en anteriores comicios, pero que hoy la 4T, si no gana, va arrebatar, porque lo que se está en juego es el poder del todo o nada.
Y contra eso, no existe antídoto.
