Por Alejandro Mondragón
El ostentoso costo de la Cuarta Transformación para el país ha llevado al gobierno federal a apretar de más a los contribuyentes y empresas.
De alguna parte tiene que salir para enfrentar la pandemia del Covid-19, las inyecciones millonarias a Pemex, CFE, Dos Bocas, Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, sin mencionar el presupuesto en liquidez para programas sociales y demás.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó a un lado el endeudamiento, por lo que aplicó el rasero contra todo aquello que represente un ingreso o registre algún adeudo.
El SAT y el Seguro Social andan más que activos. Con prácticas de hostigamiento que rayan en el terrorismo fiscal contra aquel causante que les deba.
Y ya no es por las buenas, sino con el uso de la fuerza pública para cobrar.
O el país está quebrado o de plano urge dinero para sostener el alto gasto público nacional que significa la 4T.
El problema es que aplican el mismo método de coacción para que se pague a la autoridad, sin importar ya las formas. Las advertencias de embargo van en aumento, como si al contribuyente le hubiera ido a toda madre con la crisis del coronavirus.
Las empresas reconocen que deben, pero no tienen para pagar, lo cual no le importa al gobierno federal.
Quieren recaudar sin medir consecuencias, máxime en esta época electoral, en la del hartazgo por el incumplimiento de lo que se ofreció.
Qué fue de aquel tiempo en el que López Obrador planteó un trato sin terrorismo fiscal y del seguro social a los causantes.
El tiempo se agotó y la 4T es ahora una gran oficina de recaudación de impuestos y obligaciones para financiar al elefante blanco que representan las magnas obras y las acciones sociales clientelares.
Y así fue su cambio.
